lunes, 27 de noviembre de 2017

OTRO EXTRANJERO ENTROMETIDO




En días recientes estuvo en Guatemala, el harbano Zeid Ra´ad Al Hussein, el mero mero alto comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos. Y como ha acontecido desde hace muchos años, y como era de esperar en esta ocasión, el informe relacionado con su visita al país ha llenado de vergüenza a muchos, de estupor a otros, de indiferencia a la mayoría, y también como suele ocurrir, no ha faltado la andanada de expresiones de rechazo, siguiendo la moda esa de señalar a los funcionarios internacionales por su intromisión en “nuestros asuntos”.

Así, durante unas horas -porque los resultados de la visita ya se empiezan a olvidar- Zeid Al Hussein fue colocado en la misma hoguera donde se tiene a Iván Velásquez, a Anders Kompass, a Valerie Juliand y a Todd Robinson, y todo por esa costumbre de ir a donde nadie los necesita y meterse hasta la cocina, donde tampoco los han llamado.

¿Y qué dice el informe del jordano? Pues, para empezar, una serie de descabelladas fantasías. Entre estas: que alrededor del 60 % de la población guatemalteca vive en la pobreza absoluta, el 23 % en la pobreza extrema; el 46.5 % de las niñas y niños menores de cinco años padece desnutrición crónica; más del 20 % de la población no sabe leer ni escribir, y entre las mujeres indígenas esta cifra asciende al 43 %.

Además, este árabe entrometido sostiene que el Estado “apenas” asigna el 3.15 % de su PIB al sector salud, “en un país donde las enfermedades crónicas van en aumento, incluidas las infecciones por VIH, que han incrementado un 167 % desde 2010”. ¡Válganos! ¿Quiere decir, entonces, que no han funcionado la distribución de preservativos a granel ni los programas de educación sexual y planificación familiar que el Ministerio de Salud impulsa en todo el país, con la decidida colaboración de la Iglesia?

¡Increíble! ¿Pero es que acaso este señor no se pudo dar cuenta que Guatemala es uno de los lugares más parecidos a la Yanna, el paraíso musulmán? ¿Nadie le explicó que en este territorio la mayoría de la gente vive de lo más feliz y agradecida con la hermosa vida que le ha tocado? Por lo visto, tampoco hubo quien le explicara que ese millón de niños y niñas que no van a la escuela, al final no representa nada en la ecuación, porque al fin y al cabo ya se acostumbraron a vivir así, y para vender verdura allá en el mercado de la aldea, no hace falta saber de matemática o ciencias naturales y no es ningún árabe aventado con honda el que los va a sacar de ese maravilloso estado de inmovilismo.

Lo más seguro es que vino con el alfanje desenvainado, y por eso nadie fue capaz de hacerle ver que un 46.5 % de menores de cinco años padeciendo desnutrición crónica es el resultado de que esa gente así lo quiere y nada más. No estarían en esas condiciones si tan solo destinaran una parte de sus jugosos ingresos a comprarse un iPhone Volp y así descargar la fantástica app que recomienda Gloria Álvarez para aprender buenas prácticas de nutrición.

Dice que una de sus fuentes fue el propio presidente, el moralista Morales. ¡Ahí está el detalle!, como diría aquel que sí era actorazo. ¿Por qué diablos no habló con nuestro preclarísimo señor vicepresidente y exrector mediocre? ¡Él sí sabe de políticas sociales! Seguramente él le hubiera enmendado la plana al explicarle que los migrantes se van del país, no por ser pobres, sino porque tienen un enconado afán por el turismo de aventura. Esa búsqueda de emociones extremas y no otra cosa, es la razón que los motiva a desafiar los peligros que aparecen en la ruta hacia el american dream.

Y lo peor es que este mensajero del desierto no es nada original. Aguantan ustedes que nos receta el mismo cuento que otros nos han relatado y que, sin duda, fue tomado de Las mil y una (el libro) porque se refiere a un imaginario lugar en los términos siguientes: “Había una vez un país llamado Guatemala, donde existían dos realidades: una pequeña minoría que disfrutaba de un país moderno y funcional donde se concentra el poder económico y político” y el resto de la población con un país donde sufría “discriminación, marginación y los efectos perniciosos de la corrupción y la impunidad”.

¡Ve qué lengua! Si este es un país democrático y pluralista. Así lo dice nuestra Constitución y todos la cumplimos. Por eso es que cualquier emprendedor puede salir adelante y progresar. El mejor ejemplo son las pequeñas y honradas fortunas de los Gutiérrez, los Castillo y, muy especialmente, la de un tal López Estrada que hace apenas tres décadas era un funcionario público gris, pero que con dedicación, trabajo y honradez llegó a ser un magnate de primer nivel, echando por la borda todo el escarnio y la envidia de esos socialistas resentidos que se refocilan con enlodar el éxito del empresario decente.

Y otra cosa que no se ve claro es por qué a este hachemita le preocupa la corrupción. ¡Pero si esta es tan normal! ¡Ya lo dijo muy claramente nuestro iluminado presidente! Lo que pasa es que aquí hacen gran alharaca de todo. Por eso la indignación del mandatario ante el inconfesable atropello contra su benjamín, José Manuel Morales Marroquín, tan solo por una facturita chafa extendida para ganarse una pinche comisión sobre Q 90 mil que costaron 564 desayunos no servidos. ¡Travesuras de adolescente emprendedor!

Ya en serio. Sin lugar a dudas, el informe del alto comisionado para los Derechos Humanos no sorprende a la mayoría de personas que por una u otra razón se dedican al estudio de la realidad nacional, pero aún así representa un sonoro latigazo para las élites. Todos los reportes suelen ser dramáticos, lapidarios y categóricos, a veces parecen calcados al carbón, pero es porque Guatemala sigue sin trazar la ruta para superar esos indicadores de vergüenza, de atraso y de miseria material y moral, que han determinado el círculo intergeneracional -eterno, diría yo- de pobreza.


Mientras persista ese panorama desolador; mientras la falta de oportunidades siga lacerando nuestra esperanza y la de las nuevas generaciones; mientras las autoridades continúen indiferentes frente al irrespeto de los derechos humanos (todos, no solo los políticos) y mientras nosotros no seamos capaces de reaccionar frente a esta situación de pecado social -como dirían los obispos- ¡tendremos que darle la bienvenida a más extranjeros entrometidos!  

viernes, 24 de noviembre de 2017

ADIÓS AL PECADO ORIGINAL


    (Foto tomada de YouTube con fines únicamente ilustrativos).

Sin duda usted tiene muy frescas en su mente, aquellas tan lapidarias como asertivas palabras de Iván Velásquez, al referirse al carácter mercantil de nuestra política criolla: “El financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia”, aseveró. Pero no es totalmente cierto. No es necesario que sea de fuente ilícita. Ese pecado original es el financiamiento electoral privado, lícito o no.

Precisamente hace unos días escribí en este espacio acerca de la más importante norma que considero factible incorporar en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que se discuten actualmente en el Congreso de la República. En esa ocasión apunté: “(...)estoy convencido de que solo hay una reforma efectiva que vendría asignificar adelantos profundos: prohibir totalmente el financiamiento privado a los partidos políticos y que su actividad se sustente únicamente con fondos públicos”.

Horas después de publicarse la columna mencionada, el diputado Fidel Reyes Lee me envió su propuesta de reformas a la LEPP. Los motivos que fundamentan su iniciativa se sustentan en que “El financiamiento privado tergiversa la democracia, permite la cooptación del Estado por parte de los financistas privados y los funcionarios electos popularmente, en estas condiciones no responden adecuadamente al interés general”. Argumentos todos, decididamente irrebatibles.

   INICIATIVA AUDAZ. El diputado Fidel Reyes Lee (UNE) presentó una iniciativa de ley para reducir al máximo el financiamiento electoral privado a los candidatos a cargos públicos de elección popular.

El financiamiento privado, agrega, es un medio que propicia el subdesarrollo nacional (para mí, lo incrementa), debido a que es un medio de influir en el diseño y ejecución de las políticas públicas, a fin de beneficiar a los financistas en perjuicio del bien común. Seguidamente, la ponencia de Reyes Lee subraya que “esta es una barrera que impide la nominación de candidaturas a cargo de ciudadanos que verdaderamente representen los genuinos intereses de la población”.

Obviamente es una propuesta encomiable, aunque debo señalar que contiene aspectos debatibles. Por ejemplo, el diputado sugiere que después de las elecciones  ya no se entreguen los US$ 2 por voto, sino que se otorgue, tanto a los partidos políticos como a los comités cívicos electorales, “una asignación monetaria por afiliado que posean, 90 días antes de la fecha de elecciones”. El objetivo es que puedan contar con recursos para cubrir los gastos de campaña y así evitar caer en las garras de financistas privados (lícitos o ilícitos).

El problema en este caso específico, es que la LEPP actual -nos guste o no- ya contiene avances hacia la institucionalización de las organizaciones políticas, al contemplar destinos específicos para los fondos públicos que se les asigna. Por ejemplo, el artículo 21 bis prescribe que los recursos de la deuda política se distribuirán como sigue: 30 % para formación y capacitación de afiliados, 20 % para actividades nacionales y funcionamiento de la sede nacional, y 50 % para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido en los departamentos y municipios donde tenga organización partidaria vigente.

  1.     DINERO A RAUDALES.  En las campañas electorales abundan los empresarios que le otorgan millonarias cantidades a los partidos políticos. El problema es que el financiamiento privado lícito, fácilmente puede abrir las puertas a dinero privado ilícito

Si se quiere institucionalizar -como lo exige La Plaza- es preciso que los partidos políticos operen como tales, lo cual solo se puede lograr si disponen de recursos suficientes todo el tiempo y no solo en vísperas del proceso electoral. Aún así, Reyes Lee cree que esto se corrige si el financiamiento privado “solo se permite” destinarlo a actividades ordinarias de los partidos y no se puede transferir para gastos de campaña electoral. Empero, faltaría ver si en la práctica hay financistas -dedicados a actividades lícitas- que acepten aportar recursos, a sabiendas de que no van a poder pasar la factura a los futuros funcionarios.

Sabemos que los casos de corrupción desvelados en los últimos años han contribuido a exacerbar la demanda ciudadana en pro del buen uso de los recursos que le aporta al fisco. No obstante, esta predisposición genera una percepción injusta porque invisibiliza las bondades de un sistema político financiado desde lo público versus el descomunal costo que tienen las acciones corruptas favorecidas por las componendas entre políticos y empresarios.



Habría que observar la normativa de muchos países que han superado ese prejuicio y destinan fondos públicos para financiar su política. En España se aplica un modelo similar al sugerido por Reyes Lee, con financiamiento público, tanto para las operaciones cotidianas de los partidos políticos como para las campañas electorales, aunque no forman parte del presupuesto electoral global, y se permite a los partidos políticos recibir algún financiamiento originado en fuentes privadas. En Latinoamérica predomina el modelo de financiación mixto, tales los casos de Uruguay, Costa Rica, Argentina, México, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Colombia y Chile, entre otros.


¿FINANCIAMIENTO PÚBLICO O PRIVADO? Son numerosos los países que han implementado programas de financiamiento político con recursos públicos.

Por tanto, pareciera que en nuestro país lo deseable es desarrollar un sistema de financiación pública nada más. Los escándalos de corrupción y, sobre todo, la innegable presencia del crimen organizado en el sistema político-electoral no solo ha sido determinantes para pervertir el sistema, sino que justifican toda acción orientada a reducir sus posibilidades de influencia.

Y, como decía en el primer párrafo de este artículo, esta propuesta es factible en el corto plazo. No es que no crea en el aporte a la democracia que emerge de temas como la creación de pequeños distritos o del voto uninominal. Al contrario, pero lamentablemente estos no entran en vigencia con solo ser incluidos por los diputados en las reformas a la LEPP. Requieren, como ya lo han explicado algunos juristas, la reforma constitucional del artículo 157. Y para lograr eso, hay que atravesar un largo y tortuoso camino en el Legislativo, pero mucho me temo que ya vamos demasiado tarde.

A cambio, podemos concentrarnos en lo posible. Y si la Cicig sacudió la conciencia ciudadana cuando reconoció que el financiamiento electoral mafioso es el “pecado original” de nuestra democracia ¿por qué no empezar el proceso de expulsión de los “pecadores”; esos que reducen el concepto de política a un mero intercambio comercial?


lunes, 20 de noviembre de 2017

RETOS DEL NUEVO MOVIMIENTO POPULAR





Por: Édgar Rosales

Todavía me estremezco de emoción al recordar aquellas manifestaciones de protesta de finales de los años 70. Algunas excepcionalmente masivas, como la marcha de aquel 25 de octubre de 1978 en repudio al asesinato de Oliverio Castañeda de León, acaecido apenas cinco días atrás. O el particularmente tenso sepelio de las víctimas de la embajada de España, el 2 de febrero de 1980, cuando la presencia de las fuerzas luquistas amenazaba con desencadenar otro episodio sangriento.

La oratoria fogosa de los dirigentes de entonces, o el simple hecho de sacarle la madre a los esbirros de turno, terminaban por desbordar el ánimo y sentirnos muy convencidos de que “el triunfo” estaba cerca. Unas veces era la indignación, otras, era el optimismo lo que inspiraba esa sensación de fortaleza, de unidad, de victoria proletaria. Y al final, como ya se sabe, no ocurrió nada… excepto que hicimos historia, que la dirigencia popular fue perseguida, desaparecida o asesinada y, que de esa forma salvaje fue desarticulado para siempre aquel hermoso movimiento de masas.

   
   (Movimiento histórico) Momento en que un grupo de dirigentes de la AEU coloca la ofrenda     floral en homenaje al entonces recién caído líder estudiantil Oliverio Castañeda de León,      después de llevar a cabo una impresionante marcha popular. 

En los últimos años hemos presenciado un interesante resurgir de las expresiones populares, aunque en condiciones muy distintas y propósitos muy diferentes de los de entonces. Estamos al borde de un estallido social, opinan algunos expertos (y muchos que no lo son tanto). Sin embargo, si de algo debemos estar convencidos es que en Guatemala, con el panorama de miseria, de injusticia, de falta de oportunidades, de desnutrición y del dominio de los capitales evasores de impuestos, desde hace rato existen condiciones objetivas para una revolución, aunque no toda situación revolucionaria da lugar a esta, como decía Lenin. Lo que está en pañales son las condiciones subjetivas, es decir, un elevado nivel de conciencia de lucha, indispensable para consumar el proceso revolucionario. Conciencia que nace del trabajo de base, no de likes o retuits.

Increíblemente, en el 2015 fue un monumental escándalo de corrupción -y no las graves condiciones socioeconómicas del país- lo que sacudió la conciencia adormecida del sector popular, haciendo migas con la clase media urbana y capas más altas, para exigir la persecución de los corruptos y el fin de las estructuras mafiosas entronizadas en el Estado guatemalteco.

He aquí una diferencia diametral respecto del movimiento popular histórico: mientras aquel era profundamente ideológico y buscaba transformar la sociedad, el actual es de visión inmediatista y se queda en la reivindicación de aspectos que, apenas de manera periférica, buscan aliviar -no solucionar- el crítico panorama social, político y económico del país.

Debido a esta limitada visión, las acciones actuales carecen de orientación definida, producto de la falta de dirección estratégica (liderazgo sí hay) capaz de definir métodos, procedimientos y plantear demandas coherentes. Por ello, acciones como las del jueves 16 de noviembre, pese a ser masivas, no alcanzan mayores avances. Decididamente, la sola movilización masiva no garantiza resultados positivos. El movimiento actual es prolífico en exigencias, pero no todas relevantes. Algunas no superan el plano de la mera ocurrencia. Cada agrupación lleva a la marcha su agenda particular y si esta es factible o no, serán otros 100 pesos.

En el Paro Nacional del 20 septiembre estaba muy claro que el Pacto de Corruptos motivó a la gente a retomar la calle. Sin embargo, en la marcha del jueves, los objetivos eran difusos. Y es que cuando se pide la renuncia del presidente Morales y el vice Cabrera al mismo tiempo que la dimisión de los 120 diputados y sus suplentes, o se llama a integrar una Asamblea Nacional Constituyente, que además debe ser Plurinacional y Popular, o se exige el cese de los desalojos en las comunidades a la par de reformas inmediatas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el resultado es una indigerible carta a Santa Claus.


    Peticiones a granel. La mayoría de colectivos recién surgidos, se caracteriza por la abundancia de peticiones, sin centrarse en las que son más factibles y urgentes.


En los movimientos de los 70, por ejemplo, las demandas eran únicas y unitarias. Si la AEU organizaba una manifestación, esta era respaldada por el Frente Democrático Contra la Represión, ente que aglutinaba a sindicalistas (CNUS y CNT), campesinos (CUC), magisterio (ANM y STEG), estudiantado de educación media (ANEEM), partidos políticos (FUR y PSD) y así por el estilo, un abrumador desfile de siglas, sectores y conciencias, todas con demandas coincidentes y claras. Además, difícilmente se llevaban a cabo dos movilizaciones con pocos días de diferencia, como ha ocurrido ahora, cuando Codeca y la Plataforma Ciudadana -cada una por su lado- desarrollaron actividades que bien pudieron concentrarse en una sola, con economía de recursos y menor dispersión de objetivos.

Pese a todo, le veo enorme potencial a este relanzamiento del sector popular. Algunos objetivos que se han logrado deben afianzarse: se empieza a desplazar al oenegismo como actor principal de las acciones populares y su insistencia le hace recordar a los diputados del Pacto de Corruptos que sus desmanes no han caído en el olvido y, sin lugar a dudas, esta será una reivindicación permanente en su plataforma de lucha.

    Lenina García, una lideresa notable y con futuro, debe desligarse de inmediato de la sombra corrupta del rector Alvarado. (Foto de El Periódico de la Usac)

Veo también, con mucha esperanza, que Lenina García, la joven y carismática secretaria general de la AEU, se proyecta con notable capacidad de liderazgo y que, sin la menor duda, habrá de ser protagonista importante en la lucha política en los años por venir. Lamentablemente, ha cometido un error que debe enmendar de inmediato.

Y es que su liderazgo ha sido apadrinado -mejor dicho aprovechado- por un personaje impresentable como Carlos Alvarado, rector -jamás magnífico- de la USAC, funcionario sin la menor calidad moral para exigir el cese de la corrupción, al ser uno de los corresponsables de que en la máxima casa de estudios se hayan producido hechos reñidos con la transparencia durante los últimos dos períodos rectorales y de los cuales ha sido uno de los meros tatascanes. Lenina no necesita de este tipo de padrinazgos para brillar.


Los meses por venir nos habrán de indicar si esta nueva versión del movimiento popular tiene posibilidades de incidencia positiva o si, por el contrario, se diluye en sus propias contradicciones, al igual que la mayoría de intentos posteriores al descabezamiento consumado en 1982. Ojalá sus dirigentes aprendan a descifrar los escenarios. ¡Es vital para un imprescindible cambio en la correlación de fuerzas en el país!  

viernes, 17 de noviembre de 2017

ESAS COSAS DE LA LEPP (ANTES DE REFORMARLA)




Por: Édgar Rosales

Todavía está fresca aquella monumental torpeza orquestada por un grupo de diputados que pretendía blindar a los secretarios generales de los partidos políticos ante eventuales denuncias por financiamiento electoral ilícito; hecho que contribuyó a precipitar hacia el abismo el poco prestigio que le quedaba a los ponentes de tan infeliz iniciativa.

En lugar de propiciar impunidad pudieron aprovechar la ocasión y legislar un acto verdaderamente positivo para el sistema político: prohibirle a los secretarios generales todo contacto con recursos financieros y obligarlos a hacer lo que naturalmente le corresponde a cualquier dirigente: dedicarse exclusivamente a lo político. Por supuesto, en caso de desobedecer este mandato y partiendo del hecho que la responsabilidad penal es personalísima, entonces sí cabría deducirle las responsabilidades correspondientes.

Sirva este caso de ejemplo porque es evidente que el sentido común y la visión profunda son elementos ausentes en nuestros legisladores. Y es que así como en este caso, han abundado las sinrazones, disparates y ridiculeces tanto alrededor de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente, como en algunas de las reformas que se discuten en la actualidad.

                                Diversidad de propuestas. Durante el proceso de reformas a la LEPP
                                han abundado las propuestas, ideas y contrapropuestas. Muy pocas
                                llegarán a aprobarse. (Foto AGN)

Es preciso ser categóricos: al contrario de lo que se ha dicho, las reformas aprobadas el año pasado en modo alguno son asuntos cosméticos, por no abarcar todas las demandas planteadas por La Plaza. Lo que Mario Taracena y colegas han legado son normas de difícil aplicación, excesivamente administrativas y que sacrifican lo político. Pareciera que el fin no era modernizar y controlar de mejor forma la acción política, sino que esta se redujese al mínimo y que los partidos a desgastaran en pura tramitología.

Ejemplo: Artículo 19 Bis. Fiscalización. “…quedan sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas y del Tribunal Supremo Electoral, cada quien dentro de su competencia constitucional, por la administración o manejo de los fondos provenientes del financiamiento público o privado establecido en la presente Ley…”

Sin embargo, la única dependencia con facultades constitucionales para encargarse del régimen de control y fiscalización de fondos públicos es la Contraloría General de Cuentas (Artículo 232 de la Carta Magna). En todo caso, la LEPP (no la Constitución) le encomienda al TSE: “el control y fiscalización de los fondos públicos y privados que reciban las organizaciones políticas para el funcionamiento de sus actividades permanentes y de campaña”. Doble auditoría.

Lo problemático es que los órganos mencionados aplican criterios a discreción, lo cual no ha contribuido a mejorar la transparencia y sí consumen largas horas de papeleo, auditajes y demás burocracia, en detrimento -de nuevo- de la acción política. Lo conveniente sería que la Contraloría se ocupara de los fondos públicos y el TSE de los privados.

Otro ejemplo: resulta desastroso, grave e inadmisible que se defina de una manera tan superficial el asunto de la campaña anticipada, según lo establece el artículo 94 Bis: “No será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones…” Lo anterior es un terrible atropello contra la libertad de emisión del pensamiento. Con base en esa prescripción, prácticamente ningún columnista podrá presentarse como aspirante a un cargo de elección popular porque la autoridad electoral puede considerar que sus artículos llevaban la intención de “publicitar su imagen” con miras a alguna candidatura. ¿Y cómo se exige a los partidos políticos que dejen de ser máquinas electoreras y se ocupen de los problemas nacionales, si la menor aparición de su secretario general va a ser considerada “campaña anticipada”?

Es vital e impostergable que estos errores se enmienden dentro del actual proceso de discusión de la LEPP. Veo, sin embargo, que no están en la agenda de los reformistas, por lo que es pertinente invitarlos a una reflexión: si es difícil participar electoralmente en las condiciones actuales, ¿cuánto más lo será si los potenciales candidatos -por ahora desconocidos- al final dispondrán únicamente del tiempo que corre a partir de la convocatoria a elecciones generales para darse a conocer?

    ¿Habrá Subistritos?.  Aunque la Comisión legislativa de asuntos electorales salió al paso de las       demandas al aprobar subdistritos electorales en las reformas a la LEPP. Sin embargo, por ser un tema constitucional la última palabra la tendrá la Corte Celestial. (CC).

En lo personal nunca he estado de acuerdo con limitar la acción política (aún la electoral) por medio del mecanismo de “campaña anticipada”. En todo caso, dicha limitación sería válido aplicarla a funcionarios públicos, especialmente si han utilizado fondos del Estado para este propósito. Empero, por principio elemental, lo deseable en democracia es favorecer la participación y solo restringirla frente a casos excepcionales, como estos que menciono.

Por ello, considero que el voto uninominal o la creación de subdistritos resultan meros señuelos que facilitan la participación electoral de algunas personas, pero en esencia no modifican los vicios del “sistema”. Su mayor debilidad es que se trata de entidades geográficamente artificiales y no claramente identificables; que se engaña a la población con eso de que “van a saber quién es su diputado”, pero que una vez cumplido su objetivo electoral dejarán de tener relevancia para los electores y estos volverán a gestionar sus problemas ante las autoridades tradicionales: alcaldes, gobernadores y dependencias del Ejecutivo.

Aunque reitero mi convicción antes expresada, que la vía judicial no es la ruta para solucionar problemas de fondo de esta sociedad, también estoy convencido de que solo hay una reforma efectiva que vendría a significar adelantos profundos: prohibir totalmente el financiamiento privado a los partidos políticos y que su actividad se sustente únicamente con fondos públicos. Hay tantas experiencias similares en el mundo. Ninguna otra reforma se necesita. ¡Ah! Y formar verdaderos políticos.  

lunes, 13 de noviembre de 2017

CLARO QUE SÍ: GUATEMALA PUEDE SALIR DE LA CRISIS

    Fotografía tomada del sitio http://www.vocesnuestras.org

Por: Edgar Rosales
Una constante en el país desde buena parte del siglo pasado ha sido la ocurrencia de situaciones críticas, especialmente en lo político, como resultado de históricas discrepancias al interno de la sociedad y que se ha pretendido resolver por diversas vías. El problema es que una vez aliviada la fase de tensión, se cae en el conformismo y se deja de trabajar en los mecanismos para erradicar las causas del conflicto observado. Se superó la crisis, se suele decir.

En efecto, después de enfrentarse estas situaciones complicadas, suelen haber consecuencias, unas veces en lo jurídico, otras, en lo económico y, principalmente, en lo político, aunque también suelen presentarse propuestas que incluyen más de uno de estos aspectos, pero como decía, sin la posibilidad de erigirse en mecanismos reales de solución.


Reacción popular. Las jornadas de Marzo y Abril del 62 definieron, 
en varios sentidos, las condiciones de la historia política nacional de aquella década.

A vuelo de pájaro, entre las etapas más críticas de nuestra historia reciente, podemos mencionar que las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 dieron lugar a una serie de acciones que derivaron en el golpe militar encabezado por Peralta Azurdia y a la vez, en el fortalecimiento del naciente movimiento armado de izquierda. Las crisis desatadas tras los fraudes electorales de 1974, 1978 y 1982 cerraron las posibilidades de participación democrática y contribuyeron a fortalecer y hasta a legitimar al movimiento insurgente. Las jornadas populares de octubre del 78, ocasionadas por una de las tantas alzas arbitrarias en el transporte urbano, tuvo su efecto más dramático en el asesinato de Oliverio Castañeda de León.


Figuras del terror. Arana Osorio, Kjell Laugerud, Romeo Lucas y Aníbal Guevara protagonizaron la época más intensa de los gobiernos militares sanguinarios. A excepción del primero, todos fueron copartícipes de fraudes electorales o, como en el caso del último, de una frustrada burla a la voluntad popular.

El Serranazo de 1995 condujo a una exigencia de depuración del Congreso de la República -que una vez lograda, no contribuyó en nada a soluciones de fondo- y a una aberrante proceso de reforma constitucional, y en el siglo 21 se puede afirmar que el Plan echado a andar tras la muerte del abogado Rodrigo Rosemberg influyó en la definición del rol de la Cicig y a la adopción de medidas jurídicas, como la reforma a las leyes de postulación.

Sin embargo, nada de lo anterior contribuyó a definir escenarios exentos de crisis. Al contrario, a medida que transcurre la vida del país pareciera que estar en medio de ellas es lo más lógico. Y aunque se han realizado esfuerzos, lamentablemente la mayoría de estos no ha superado la fase de buenas intenciones.

A partir de abril de 2015 Guatemala entró en una nueva etapa crítica, sin duda una de las más prolongadas que se recuerden. El destape de casos escandalosos de corrupción terminó por delatar al extinto Partido Patriota como una estructura mafiosa, que practicaba el latrocinio descarado y, de paso, contribuyó a acentuar la generalizada imagen que asocia a todos los políticos con actos delictivos (lo cual tampoco es cierto).



Y como en ocasiones anteriores, se buscan respuestas inmediatas, que no son necesariamente soluciones. Lo que abundan son ideas fragmentadas, muchas de estas de corto plazo y con espíritu sectorial. Sobre todo, en vez de las causas se cae en esa costumbre, tan común entre la población, que consiste en estimar que todos los problemas se resuelven por medio de leyes.

Así vemos cómo el debate político se centra en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, lo cual es importante mas no es la panacea que todo mundo grita. Y es que, una vez más, hay acuerdos en lo específico pero no en lo general. Para el comité propartido Semilla, por ejemplo, una de sus grandes preocupaciones es que las barreras para inscribir un partido “son muy altas”. Es obvio que conseguir 23 mil firmas es una dificultad mayúscula para ellos. Y no es así en la práctica, tal como lo demuestran tantos partidos que han logrado inscribirse. ¿Y qué dirían sus dirigentes si supieran que antes del proceso democratizador de 1985 se requerían 50 mil firmas, con un máximo de 20 % de analfabetas entre los adherentes?

Para otros grupos lo esencial es el clamor por los subdistritos (lo cual puede beneficiar a los partidos tradicionales con mediana estructura organizativa). Pero el quid de este asunto es que para lograrlo se requiere la reforma del artículo 157 de la Carta Magna que reza: “La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional”. Punto. Pero en todo caso, con un TSE que un día dice que los subdistritos son inconstitucionales pero una semana después afirma lo contrario, es más que obvio que no vamos a ninguna parte.

Este tipo de “soluciones” acarrea otros problemas de fondo: a cambio de estimular la participación se va a sacrificar la representatividad y, con ella, la legitimidad de quienes asuman puestos de poder. O sea: peor el remedio que la enfermedad.

    
    De nuevo, soluciones parciales. La demanda de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, difícilmente logrará los propósitos de transformar el sistema político. (Foto tomada de analistasindependientes.org).

Y tal y como he intentado demostrar en dos artículos recientes publicados aquí, en gAZeta, acercade la derecha y la izquierda en mi país, resulta fácil colegir que no es por esas vías de expresión política por donde vendrán las soluciones. Sugiero leer el brillante artículo escrito en este mismo espacio por el Dr. Luis Zurita, bajo el título De lo político y lo ético en la transformación democrática de Guatemala.

Dice Zurita: “Es posible que haya llegado el momento en que haya que conciliar el interés particular con el interés general, sobre la base de que el ser individual no sea enemigo del ser social, ni el ser social sea enemigo del ser individual, en cuyo sentido la sístole y la diástole de la vida nacional sea la complementariedad entre competencia y cooperación”.

Y agrega: “El problema es que resolver las falencias implica grandes acuerdos políticos y una definición del horizonte hacia dónde queremos llevar el país. Pero el país está confrontado por una guerra sorda en que reina el sálvese el que pueda, por lo que es una irresponsabilidad para con el futuro de nuestros hijos no actuar en correspondencia. El tiempo pasa y el carro de la historia ha ido dejando a Guatemala en la cuneta del olvido, salvo que, por fin y con toda responsabilidad, los liderazgos nacionales acepten el reto de la historia… lo cual implica: reconciliación nacional, democracia política, ética empresarial, equilibrio entre ser humano y naturaleza y gobernar para el bien común”.


Esto sí es trascendental y necesario. Más efectivo que cualquier reforma meramente legal. Y con tan categóricos conceptos, huelgan más comentarios.  

viernes, 10 de noviembre de 2017

LA IZQUIERDA EN MI PAÍS



Por: Edgar Rosales

En un artículo anterior hice unadisección, más o menos aproximada según lo que permite esteespacio, acerca de ese sector conservador, hegemónico, anquilosado en el ayer y responsable del grave atraso económico y social de Guatemala, al cual se le conoce como derecha neoliberal (eufemismo por capitalismo salvaje). Toca, en aras del balance, un ejercicio similar en torno a su histórico antagonista: la izquierda de mi país.

Los zurdos son reconocidos por su vocación humanista, su apego a la historia y también por las múltiples fracciones que la conforman. Estas, en la época del conflicto armado se limitaban a dos: extrema izquierda o armada, e izquierda democrática electoral (no electorera). En la actualidad se han fragmentado mucho más, hasta construir un espectro que va desde el centro izquierda, pasa por tonalidades de color delicado y llegan al extremismo radical; ese que aún cree en el método marxista de interpretación de la Historia, que despotrica contra el imperio y cree que sin reforma agraria no hay progreso.

Sin embargo, en este enfoque me centraré en “la izquierda oficial” y otros pequeños grupos de reciente creación, sucedáneos de la que alguna vez se conoció con el apabullante nombre de comandancia guerrillera. No obstante el carácter ultraconservador de la sociedad guatemalteca, siempre he sostenido que las tendencias izquierdistas deberían tener un apoyo mayoritario en mi país.

¿Cómo así? ¿Y no en las elecciones apenas alcanzan un 4 o 5 %? Aún así, sostengo que son muchos más quienes anhelan una sociedad sin pobreza, con oportunidades amplias, sin contradicciones groseras… aunque no se reconozcan a sí mismos como izquierdistas. Y si agregamos a ecologistas, pueblos indígenas y trabajadores en general, tendríamos un hipotético megapartido poderoso y arrasador en elecciones. Lamentablemente, la izquierda no ha caído en esa cuenta.

Veamos una de sus utopías: la “unidad de todas las izquierdas”. Lo escuché por primera vez hace unos 40 años. En algunas ocasiones casi se concretó, como en el caso del desaparecido Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG), cuando por primera vez parecían unirse los esfuerzos de la dirigencia sindical y de derechos humanos con profesionales independientes y políticos socialdemócratas y socialcristianos.

El intento acabó cuando la excomandancia guerrillera le tiró líneas a su entonces aliada incondicional, Nineth Montenegro, para que el esfuerzo no pasara de un mediocre movimiento. Ellos ya tenían un arreglo con Álvaro Arzú para firmar la paz -a quien consideraban seguro ganador- y el FDNG no iba a bloquear dicho proyecto. Era indispensable reducirlo a grupos afines, ganar algunas curules y postular un candidato irrelevante (Jorge González del Valle). Así ocurrió.

Otros retos para la izquierda de mi país lo constituyen la incomprensión, la intolerancia y la ignorancia histórica de las nuevas generaciones, inconscientemente arrimadas al barco de la delictiva Fundación Terrorista y de columnistas o analistas solapados, cuya agenda busca exculpar a los militares asesinos y hacer creer a los milenials que se trataba de angelitos, cuyo pecado fue defender al Estado guatemalteco de la amenaza comunista.

A causa de esa manipulación, muchos jóvenes (no necesariamente de origen cool) se van de espaldas cuando se les explica que los exguerrilleros, en realidad, eran jóvenes ilustrados, idealistas y valientes, que a costa de su comodidad personal y de su propia vida se alzaron en armas contra un Estado que negaba las libertades, que violaba los derechos humanos, que torturaba, masacraba, desaparecía y arrasaba aldeas completas. Y que, mientras otras sociedades tenían a los procesos electorales como el medio que garantizaba la esencia de la democracia y la legitimidad del Estado, en Guatemala se burlaba hasta ese acto elemental por medio de escandalosos fraudes electorales.

Ahora, en 2017, el panorama es más incierto para la izquierda, no obstante el resurgimiento popular espontáneo y emotivo registrado dos años atrás al ritmo de La Línea. Ante la ausencia de líderes de izquierda, las reivindicaciones que le corresponde plantear a dicho sector han sido “cooptadas” por el oenegismo. Justicia Ya, Acción Ciudadana, CALDH o Fundación Myrna Mack no constituyen medios de representación legítima ante los desafíos políticos. Se trata de grupos que se han involucrado en esos temas por accidente, pero evitando siempre los riesgos y el desgaste que conllevan la real participación política.

Ante la incapacidad de adaptarse a los cambios generados por la despolarización mundial y a falta de iniciativas propias, la izquierda ha terminado por coincidir con su ancestral enemiga, la derecha fascista y retrógrada. Temas como esa abstracta refundación del Estado, las reformas a la LEPP -que se volvieron el saco de Santa Claus- y la depuración del Congreso, son comunes a unos y otros. Y aunque los zurdos se diferencian en el apoyo a la lucha anticorrupción, al pretender apropiarse de un esfuerzo que le pertenece a toda la sociedad, ello los retrata como oportunistas y tampoco les representa mayores réditos políticos.


Y así, con una derecha atrofiada y una izquierda esclerotizada, a esta última solo le queda volver los ojos hacia la Plaza, al “poder soberano del pueblo”, “a los paros nacionales”, a una utópica ANC plurinacional y no sé qué más. Pareciera que, como en los plañideros versos de Violeta, lo único que va quedando es: volver los ojos al cielo, con la esperanza infinita…

lunes, 6 de noviembre de 2017

LA DERECHA EN MI PAÍS



Por: Édgar Rosales

Publicado originalmente en revista gAZeta. (Click aquí para verlo)

A juzgar por la manera cómo se aferran al pasado, pareciera que no han caído en la cuenta de que el mundo vive nuevos tiempos y desde hace años. Su discurso atrabiliario deja la impresión que celebran la caída del muro de Berlín y el suicidio de la Unión Soviética, pero en el fondo desearían que el bloque siguiera inmutable. Y es que para reproducir su ideario, necesitan inevitablemente de su terrible enemiga, la izquierda. Pretexto inigualable para justificar su voracidad y desmanes. Algo así es la derecha de mi país.

Y esto se puede comprobar fácilmente: lea cualquier artículo de los próceres de la decadencia neoliberal -Estuardo Zapeta, Armando de la Torre, Pedro Trujillo o Alfred Kaltschmitt- y caerá en la cuenta de que, aparte de su carácter terráqueo (tres veces más agua que tierra), en sus artículos siempre sacan a bailar a la izquierda, bajo la misma óptica que acostumbraban durante la Guerra Fría: Cuba es todavía una amenaza continental, el socialismo del siglo XXI fue parido por el diablo, Rigoberta es un malagradecida y la exguerrilla guatemalteca sueña con llegar al poder, ahora como socia de la Cicig.

Y eso que hace un par de décadas proclamaban que las ideologías habían desaparecido y que, al despolarizarse, el mundo le había dado espacio a un solo sistema llamado capitalismo. Pero, precisamente porque subsisten, comprobamos que no es cierto. Maurice Duverger lo explica muy claramente: “Quienes niegan la vigencia de esta distinción suelen ser precisamente personas de la derecha, interesadas en descalificar la propia tipificación respecto de quienes se empeñan en abrir nuevos cauces a la organización social”.

EL PODER DEL MERCADO. Tanto la derecha tradicional como la "nueva derecha" tienen mucho en común y poco de distinto. Rinden pleitesía al mercado, no son capaces de crear teorías para explicar los fenómenos sociales y no dejan de pensar en la izquierda.

¡Vaya definición del gran maestro! Y prosiguiendo con los prosélitos del libre mercado, en otras pocas líneas usted habrá caído en la cuenta de que el argumentario se reduce a las mismas y gastadas ideas de los años 50, de los 60, de los 70, de los 80… de siempre: que la mano mágica del mercado, que la pesadilla del Estado benefactor, que la teoría del derrame, que las reglas claras, que el antipopulismo, que… pare de contar. Y no espere encontrar nuevas teorías -o por lo menos hipótesis- para explicar los desafíos actuales. Quizá a lo más que lleguen es al recurso de la negación. La negación del calentamiento global, la negación de las demandas sociales, la negación de la corrupción. Es entonces cuando uno se cuestiona, muy seriamente, si será cierto aquel chascarrillo de que no hay intelectuales en la derecha.

Hay otro elemento característico de la derecha de mi país: el estigma de haberse prestado a la traición que terminó con aquel sueño primaveral de 10 años de democracia. El haber surgido como una expresión política mercenaria se quedó arraigada para siempre en el imaginario colectivo. Y aunque en más de una ocasión se han presentado como la “nueva” derecha, su pecado no se lava cambiando de etiqueta. En 1984 lo intentó el periodista Mario David García, con la pretensión evidente de ocupar el espacio que empezaba a perder el criminal Movimiento de Liberación Nacional (MLN) cuyo líder y fundador, Mario “El Mico” Sandoval Alarcón, nunca tuvo el mínimo empacho de proclamarlo como “el partido de la violencia organizada”.

¡Y cuánta razón tenía! Dicha facción hizo propio el grito falangista de “Muera la inteligencia”, no tuvo pudor alguno para financiar grupos paramilitares que apoyaban al Ejército en su aterradora campaña contrainsurgente (y pensar que son sardónicos “pensadores” neoderechistas, como Ricardo Méndez Ruiz, el fallecido capitán Byron Lima o el abogánster Moisés Galindo  quienes han tildado de terrorista a la exguerrilla).


                             TRILOGÍA TEMIBLE. Aunque el militar Byron Lima pasó a mejor vida, dejó                                    una cohorte de seguidores que siguen delirando ante la izquierda. ¡Y eso que                                 dicen que la derrotaron!.

Y en los albores del siglo XXI hubo un nuevo intento de resurgir como una “nueva derecha”, el cual tuvo lugar a partir del Plan Rosemberg, cuando las camisas blancas, encabezadas por Luis Pedro Álvarez, Gloria Álvarez y otros representantes de las maras cool, sin recato alguno se aliaron a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Francisco Beltranena, Fernando Mendizábal y la mayoría de medios de comunicación prooligárquicos, para urdir, no un caso penal sino un plan político, que buscaba derrocar a un gobierno que apenas esbozaba un ligero tinte de compromiso hacia sectores populares.

A partir de este ensayo, la derecha de mi país busca a toda costa renacer y reconquistar el poder político desde diversos frentes. En el epílogo del siglo XX y lo que va del actual han tenido éxito en cuatro ocasiones, cuando llevaron al poder a sus vicarios Álvaro Arzú, Óscar Berger, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales. Los dos primeros, abiertamente proempresariales; los dos segundos, descaradamente promilitares.

Y así, la derecha de mi país sigue dando tumbos. Engañando y engañándose. Apenas una letra distingue al MLN del MCN, pero el espíritu, el tono de rencor social, la incapacidad propositiva y el discurso confrontativo son los mismos de siempre. Exigen, con total vehemencia y derroche de moralina, la prohibición terminante del financiamiento electoral ilícito… hasta que se descubre que sus jóvenes promesas son parte del abyecto esquema de “Construcción y Corrupción”.


CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN. La acusación contra el MCN de haber recibido dinero ilícito en la campaña 2015, demostró en el caso de su líder, Rodrigo Arenas, que no por ser joven se está exento de mañas.

Desde que se destapó el caso La Línea, en 2015, sus guerras son guerras de supervivencia: contra la Cicig y a favor de la corrupción. Atacando a Codeca y blandiendo la espada en favor de la minería. Usa caras amigables, como Phillip Chicola, para no perder la influencia cacifera, y a tipos como Daniel Haering, solo para que tenga olor a fabada y puedan distanciarse un poco de sus amigos más radicales, esos que ven comunistas hasta en la bolsita de Tor Trix. Gracias a ellos han podido guardar algunas apariencias, y han logrado que muchos de ustedes, estimados lectores, inconscientemente se declaren en favor de las causas espurias que ellos defienden. La magia de la televisión, que le dicen.


Afortunadamente quedaron atrás aquellos tiempos cuando sus abuelos resolvían diferencias, o imponían criterios, a punta de metralla. Ahora lo hacen mediante redes sociales (call centers para ser más precisos). Y ya no disparan al corazón; lo hacen hacia la honra y contra la dignidad. Así las cosas, no cabe duda que el dilema está planteado: mientras exista la derecha…¡es menester que en mi país siga existiendo la izquierda!  

viernes, 3 de noviembre de 2017

HACIA UN GOBIERNO DE JUECES

Por: Édgar Rosales


No importa cual sea la naturaleza del problema. Da igual si se trata de la tarifa del servicio eléctrico, de un ministro que se porta mal, de un oficio ofensivo o del rechazo a la inscripción de su perro en un concurso de mascotas. Para todo eso existe la Corte de Constitucionalidad, órgano estatal dotado de la capacidad de resolver (aunque a veces ello signifique complicar) situaciones como las antes enunciadas. Con toda justicia se le identifica por sus siglas: CC (Corte Celestial).

Sin embargo, la CC es solo el eslabón más alto de un peculiar sistema jurídico que se ha ido construyendo en el país, y el cual se caracteriza por la integración de un régimen que somete a su voluntad a los demás organismos del Estado. Las otras partes de la cadena están constituidas por el Ministerio Público (MP) y un ente ajeno a la estructura jurídico-política tradicional: la Cicig.

De esa manera se ha configurado una versión criolla de lo que el francés Édouard Lambert denunció en su libro “El Gobierno de los Jueces" y en el cual critica el otorgamiento a las cortes de un poder legislativo con dimensiones aún superiores a las del Parlamento. Esto se ha traducido en la instauración de un suprapoder que subordina al Congreso y al Ejecutivo, y que llega al extremo de decidir hasta en la emisión de simples notas administrativas. Es decir:intromisión en asuntos políticos de parte de quienes solo están designados para administrar justicia. La politización de la justicia, pues.

                                         

En realidad la CC viene actuando dentro de esa lógica desde hace varios años, pero es obvio que su poder se apuntala y logra más protagonismo desde que Cicig y MP empezaron a perseguir la corrupción, en abril de 2015. Los motivos de esta alineación en alguna medida son espurios -porque más de algún magistrado busca evitar que la persecución lo alcance ante posibles ilícitos cometidos-, y por ello es que en los últimos tiempos hemos visto acciones perfectamente coordinadas (incluso con la otrora rebelde y autónoma Corte Suprema de Justicia) a la hora de someterse a su consideración ciertas acciones de tipo penal. O que aparentan ser penales, en algunos casos.

Por supuesto, no se defienden las actitudes erráticas del presidente Jimmy Morales que han ameritado la intervención de la CC, o las de algunos de sus anodinos ministros al tergiversar el objeto de algunas medidas de tipo administrativo. El cuestionamiento es mucho más profundo, porque se trastocó la esencia de la administración de justicia al convertirla en perseguidora, no de los políticos delincuentes, sino de la política y los políticos. La judicialización de la política, pues.

Veamos. Un asunto es la lucha contra la corrupción que han emprendido la Cicig y el MP. En algunos aspectos esta dupla ha tenido éxitos y en eso no hay mayor discusión, pero esa lucha tampoco ha sido transparente e incuestionable. El hecho de acusar por los medios de comunicación sin haber presentado evidencias ante una judicatura o, incluso, de capturar a los presuntos responsables sin haber sido citados previamente por tribunal competente, son apenas dos de las manchas que ponen en entredicho los propósitos de ese gobierno de jueces en que se transformó nuestro Estado democrático y republicano.




Otro caso es la figura del colaborador eficaz. Esta fue muy efectiva cuando se trató de Juan Carlos Monzón y Eduardo González (Eco), porque ambos pertenecían al núcleo de la estructura mafiosa y desde el principio aportaron pruebas que respaldaron las hipótesis preliminares presentadas por Cicig y MP. 

Pero ello no ocurre en casos como el de José Liu Yon, exgerente del Bantrab -quien padece cáncer en fase terminal- o el de Alejandra Reyes, exesposa del reo Byron Lima, porque resultan ser solo testigos periféricos, cuyas declaraciones de ninguna manera revelan la existencia de alguna “estructura” ni aportan pruebas concluyentes.




Así las cosas, ¿quién asegura que un colaborador eficaz, con el afán de escapar a la justicia, acceda a presentar una versión “sugerida” por un fiscal? ¿Quién garantiza que, tal como se especula, ciertos casos de tipo político están determinados por la urgencia de Thelma Aldana de dejarlos encaminados, a fin de despejar su camino hacia la Presidencia, como parece ser su objetivo?



Lo que otorga fuerza a esta última hipótesis está vinculado con las denuncias de supuesto financiamiento electoral ilícito contra partidos políticos. En primer lugar, dicha figura es un delito de acción pública, cuya persecución compete única y exclusivamente al MP. Lo entendamos o no, aquí la Cicig se excedió de su mandato. Y en el caso de la UNE no cabe la aplicación de tal figura delictiva porque, antes bien, cumple con los requisitos que la exoneran: el aporte fue declarado ante el Tribunal Supremo Electoral, se conoce el nombre de los financistas, el origen de los fondos y su procedencia lícita.

Lamentablemente, estos razonamientos son imposibles de debatir en una sociedad dividida donde los jueces han definido que es “bueno” todo aquel que los respalde, sin chistar, en esta lucha contra la corrupción y se coloca en el bando de los “rudos” todo aquel que los objete.

Esa actitud es comprensible, debido a que en los últimos años se acentuó la crisis de confianza hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de un evidente debilitamiento de la credibilidad en los partidos políticos, por lo que el ciudadano de a pie siente que la respuesta a sus demandas se encuentra en los entes investigadores, a quienes aplaude por perseguir a quienes considera que le fallaron.

Pero contribuir a la debacle de lo que está mal tampoco es solución. La gorda obligación del MP y Cicig debe ser la persecución del culpable y procurar la exculpación del inocente. A la población nos toca redefinir nuestro sistema político.
Temas puramente políticos, como el transfuguismo, la calidad de candidatos o la reelección, son procesos de formación interna, en los cuales nada tiene que ver un gobierno de jueces