Por Edgar Rosales
PASÓ DE NOCHE. José Moreno pasará a la historia como el ministro de Desarrollo que nunca entendió el papel que se le asignó.
No, el problema que ha
enfrentado el Ministerio de Desarrollo de su creación no debe
limitarse a la inepcia de quienes lo han dirigido, especialmente su
último titular, José Moreno. Tampoco es culpa del candado de
transparencia que fuera derribado recientemente por la Corte de
Constitucionalidad y que obligaba a dicha cartera a levantar un censo
antes de determinar quiénes debían ser beneficiarios de los
programas sociales.
Los problemas del MIDES
que le han impedido cumplir sus funciones son de origen. Su pecado
original. Y es que, en aras de atender el “clamor” de
institucionalización de los programas sociales, el gobierno del
Partido Patriota rompió con el modelo de Coordinación
Institucional, fundamental para obtener buenos resultados en esta
materia.
La Coordinación
Interinstitucional no es otra cosa que un sistema de administración
pública en el cual una o más dependencias estatales coordinan o
unifican esfuerzos y recursos en aras de alcanzar un objetivo común,
bajo una dirección superior. Esto es básico. El caso del Consejo de
Cohesión Social es el ejemplo más relevante de esta modalidad, el
cual era una estructura creada y dirigida por la Presidencia de la
República.
¿Cuál es la diferencia
entre dicho sistema y el MIDES? Una básica: hay acciones que,
necesariamente, deben emprenderse de manera conjunta entre uno o dos
ministerios, tal el caso del programa de Transferencias Monetarias
Condicionadas (Mi Familia Progresa) que se orientó a ampliar la
cobertura escolar y, al mismo tiempo, a asegurar mejores condiciones
de salud entre la población en pobreza extrema del área rural.
Por ende, los ministros
de ambas carteras debían coordinar y rendir cuentas ante un ente
jerárquicamente superior. No hay otra forma. En cuanto a la
experiencia del MIDES, es obvio que los titulares que han pasado por
las carteras mencionadas no van a coordinar otros objetivos distintos
de los estrictamente necesarios para su campo de acción. El Ministro
de Educación no va a someter sus planes al escrutinio del de Salud y
viceversa. Y el de Finanzas no va a tener entre sus prioridades la
asignación de recursos a uno y otro.
Y peor aún: al Ministro
de Desarrollo Social nadie le hace caso. “Que mire cómo se las
arregla”. Por ende, una estructura de Coordinación Institucional
necesita de una mano rectora, que en el caso de Guatemala ha sido la
Presidencia de la República. Es decir, alguien que pueda “poner a
jugar” a sus muchachos y a retirarlos de la cancha si no dan los
resultados esperados.
Así es como han
funcionado los programas sociales (que no es justo señalar que
sirvieron “exclusivamente” como plataforma electoral, tal como
temeraria e irresponsablemente afirma un editorial de el Periódico
que destila clasismo repugnante
https://elperiodico.com.gt/opinion/2017/08/05/via-libre-a-programas-sociales/.
Eso es descalificar, por pura mala lecha y nada más, informes técnicos de entidades serias, como la Universidad Rafael Landívar, https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/56/Archivos/banco-mundial-expandiendo-oportunidades-grupos-vulnerables-20090730.pdf.
También el PNUD y el BM han reconocido los logros alcanzados mediante dichos
programas, en el período 2008-2012. (Por cierto, en casi 10
años de existencia de esta plataforma de avance social, estimo que
-si mucho- dos columnistas se han referido al tema con conocimiento
de causa, criterio técnico y político bien sustentado, y no
únicamente con base en rumores o medias verdades, como suele hacerlo
la mayoría de “opinadores” guatemaltecos).
De manera, entonces, que
del Ministerio de Desarrollo Social no se puede esperar que aporte
mayores logros con el simple hecho de haberse "institucionalizado" los programas sociales. La creación de este órgano del Ejecutivo únicamente sirvió para complacer algunas voces estridentes, pero nada más. Por ello, en parte, se explican sus pobres resultados; muy distintos de cuando los programas arrancaron, hace casi una década.
Tampoco con el cambio de mandamás o con la ayuda de la
Corte de Constitucionalidad. Se necesita retomar la metodología de
la Coordinación Interinstitucional, una modalidad administrativa que se ha empleado en países como Ecuador. Ya hemos perdido demasiado
tiempo en la adopción de medidas adoptadas para complacer a la
opinión pública... ¡como si ello solucionara los problemas de
fondo de las personas afectadas por el hambre, el analfabetismo y
otros desventurados males relacionados con la extrema pobreza!
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