(Foto tomada de YouTube con fines únicamente ilustrativos).
Sin
duda usted tiene muy frescas en su mente, aquellas tan lapidarias
como asertivas palabras de Iván Velásquez, al referirse al carácter
mercantil de nuestra política criolla: “El financiamiento
electoral ilícito es el pecado original de la democracia”,
aseveró. Pero no es totalmente cierto. No es necesario que sea de
fuente ilícita. Ese pecado original es el financiamiento electoral
privado, lícito o no.
Precisamente
hace unos días escribí en este espacio acerca de la más importante
norma que considero factible incorporar en las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que se discuten actualmente
en el Congreso de la República. En esa ocasión apunté: “(...)estoy convencido de que solo hay una reforma efectiva que vendría asignificar adelantos profundos: prohibir totalmente el financiamiento privado a los partidos políticos y que su actividad se sustente únicamente con fondos públicos”.
Horas
después de publicarse la columna mencionada, el diputado Fidel Reyes
Lee me envió su propuesta de reformas a la LEPP. Los motivos que
fundamentan su iniciativa se sustentan en que “El financiamiento
privado tergiversa la democracia, permite la cooptación del Estado
por parte de los financistas privados y los funcionarios electos
popularmente, en estas condiciones no responden adecuadamente al
interés general”. Argumentos todos, decididamente irrebatibles.
INICIATIVA AUDAZ. El diputado Fidel Reyes Lee (UNE) presentó una iniciativa de ley para reducir al máximo el financiamiento electoral privado a los candidatos a cargos públicos de elección popular.
El
financiamiento privado, agrega, es un medio que propicia el
subdesarrollo nacional (para mí, lo incrementa),
debido a que es un medio de influir en el diseño y ejecución de las
políticas públicas, a fin de beneficiar a los financistas en
perjuicio del bien común. Seguidamente, la ponencia de Reyes Lee
subraya que “esta es una barrera que impide la nominación de
candidaturas a cargo de ciudadanos que verdaderamente representen los
genuinos intereses de la población”.
Obviamente
es una propuesta encomiable, aunque debo señalar que contiene
aspectos debatibles. Por ejemplo, el diputado sugiere que después de las elecciones ya no se entreguen los
US$ 2 por voto, sino que se otorgue, tanto a los partidos políticos
como a los comités cívicos electorales, “una asignación
monetaria por afiliado que posean, 90 días
antes de la fecha de elecciones”. El
objetivo es que puedan contar con recursos para cubrir los gastos de
campaña y así evitar caer en las garras de financistas privados
(lícitos o ilícitos).
El
problema en este caso específico, es que la LEPP actual -nos guste o
no- ya contiene avances hacia la institucionalización de las
organizaciones políticas, al contemplar destinos específicos para
los fondos públicos que se les asigna. Por ejemplo, el artículo 21
bis prescribe que los recursos de la deuda política se distribuirán como sigue: 30 % para formación y capacitación de afiliados,
20 % para actividades nacionales y funcionamiento de la sede
nacional,
y 50 % para el pago de funcionamiento y otras actividades del partido
en los departamentos y municipios
donde tenga organización partidaria vigente.
- DINERO A RAUDALES. En las campañas electorales abundan los empresarios que le otorgan millonarias cantidades a los partidos políticos. El problema es que el financiamiento privado lícito, fácilmente puede abrir las puertas a dinero privado ilícito.
Si
se quiere institucionalizar -como lo exige La Plaza- es preciso que
los partidos políticos operen como tales, lo cual solo se puede lograr si disponen de recursos suficientes todo el tiempo y
no solo en vísperas del proceso electoral. Aún así, Reyes Lee cree
que esto se corrige si el financiamiento privado “solo se permite”
destinarlo a actividades ordinarias de los partidos y no se puede
transferir para gastos de campaña electoral. Empero, faltaría ver
si en la práctica hay financistas -dedicados a actividades lícitas-
que acepten aportar recursos, a sabiendas de que no van a poder pasar
la factura a los futuros funcionarios.
Sabemos
que los casos de corrupción desvelados en los últimos años han
contribuido a exacerbar la demanda ciudadana en pro del buen uso de
los recursos que le aporta al fisco. No obstante, esta predisposición
genera una percepción injusta porque invisibiliza las bondades de un
sistema político financiado desde lo público versus el descomunal
costo que tienen las acciones corruptas favorecidas por las
componendas entre políticos y empresarios.
Habría
que observar la normativa de muchos países que han superado ese
prejuicio y destinan fondos públicos para financiar su política. En
España se aplica un modelo similar al sugerido por Reyes Lee, con
financiamiento público, tanto para las operaciones cotidianas de los
partidos políticos como para las campañas electorales, aunque no
forman parte del presupuesto electoral global, y se permite a los
partidos políticos recibir algún financiamiento originado en
fuentes privadas. En Latinoamérica predomina el modelo de
financiación mixto, tales los casos de Uruguay, Costa Rica,
Argentina, México, Ecuador, Nicaragua, Honduras, El Salvador,
Colombia y Chile, entre otros.
¿FINANCIAMIENTO PÚBLICO O PRIVADO? Son numerosos los países que han implementado programas de financiamiento político con recursos públicos.
Por
tanto, pareciera que en nuestro país lo deseable es desarrollar un
sistema de financiación pública nada más. Los escándalos de
corrupción y, sobre todo, la innegable presencia del crimen
organizado en el sistema político-electoral no solo ha sido determinantes para pervertir el sistema, sino que justifican toda acción orientada a
reducir sus posibilidades de influencia.
Y,
como decía en el primer párrafo de este artículo, esta propuesta
es factible en el corto plazo. No es que no crea en el aporte a la
democracia que emerge de temas como la creación de pequeños
distritos o del voto uninominal. Al contrario, pero lamentablemente
estos no entran en vigencia con solo ser incluidos por los diputados en las reformas a la LEPP. Requieren,
como ya lo han explicado algunos juristas, la reforma constitucional
del artículo 157. Y para lograr eso,
hay que atravesar un largo y tortuoso camino en el Legislativo, pero
mucho me temo que ya vamos demasiado tarde.
A
cambio,
podemos concentrarnos en lo posible. Y si la Cicig sacudió la
conciencia ciudadana cuando reconoció que el financiamiento
electoral mafioso es el “pecado original” de nuestra democracia
¿por qué no empezar el proceso de expulsión de los “pecadores”;
esos que reducen el concepto de política a un mero intercambio
comercial?
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