Por: Édgar Rosales
El tema está sobre la mesa desde el 16 de abril de 2015 cuando el Ministerio Público (MP) y la Cicig desvelaron una oprobiosa red de corrupción tejida desde el mero núcleo del Estado, cuyos principales autores habrían sido -los hasta ahora tan solo sospechosos- Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxanna Baldetti más una lista interminable de funcionarios y dizque dirigentes políticos del entonces oficialista Partido Patriota.
Con este golpe audaz, al cual le habrían de seguir otras acciones igualmente importantes, como la defenestración de los mandatarios y la persecución incesante de un grupo importante de políticos pertenecientes a diversas organizaciones partidarias, y uno que otro empresario -siempre que no fuera de la foto- el MP y la Cicig declararon inaugurada la lucha anticorrupción e impunidad en Guatemala.
Esta sacudida al ambiente político nacional, tradicionalmente adormecido y pasivo ante el fenómeno de la corrupción (las encuestas levantadas por aquellos días revelaban que este ocupaba el séptimo u octavo lugar entre las prioridades ciudadanas), fue determinante para que los votantes cambiaran la percepción de que el entonces candidato Manuel Baldizón sería el inevitable sucesor de Pérez Molina.
Pero el asunto fue mucho más lejos: por vez primera en muchas décadas, la gente veía en estas acciones la esperanza tantas veces postergada de un futuro mejor y no dudó en respaldar el trabajo en contra de los corruptos (o presuntos corruptos, para utilizar la terminología jurídica apropiada). Tanto las redes sociales como las manifestaciones públicas ardieron en sus expresiones de apoyo o repudio, según el caso.
Tan feliz coyuntura sirvió para soltar la imaginación y plantear todo tipo de iniciativas: que si la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que si la Ley de Contrataciones, que si la Ley de Servicio Civil. Que si la Constitución de la República. Que no, que mejor aprovechemos para decretar una Carta Magna Plurinacional.
Ha pasado el tiempo, se produjeron múltiples capturas y nuevos casos salieron a la luz. Y como si nada, dentro de un par de semanas estaremos arribando al tercer aniversario de aquella alentadora gesta del 2015. Aunque se reconoce al MP y a la Cicig como abanderados de lo que se ha denominado «la lucha anticorrupción en Guatemala», mucho me temo -a juzgar por los resultados y los hechos que se han presentado- que ello está muy distante de ser realidad.
Y es que dudo mucho, pero muchísimo, que una lucha de tal envergadura se limite a la captura de corruptos (o presuntos corruptos, pues). Esto equivaldría, más o menos, a creer que con la captura y extradición de capos gruesos del narcotráfico, se acaba el problema. Incluso, no es muy distinta de la creencia popular de que con la aplicación de la pena de muerte se termina el martirio de las maras.
Infortunadamente, la tarea del MP y la Cicig tiene grandes coincidencias con esos peregrinos criterios. Obviamente, es lo que legalmente les corresponde: la persecución penal de los posibles implicados en hechos de corrupción. Sin embargo, es impropio asignar a sus acciones policiacas el carácter de una auténtica lucha contra tan tenebroso flagelo, siendo este un fenómeno de características políticas, sociales y hasta económicas o morales.
Hasta ahora ha hecho falta que el abordaje de un problema tan profundo supere el ámbito limitado de los tribunales. En parte, ello se debe a las deplorables campañas de desprestigio que han montado agrupaciones como la Fundación Terrorista, ciertos académicos y opinadores de corte fascistoide, ahora con el respaldo tecnológico de ignorantes netcenteros. Es decir, un esquema de ataque que en el fondo es muy similar al utilizado por las dictaduras militares durante los años más crudos del conflicto armado.
En todo caso, el problema para el MP y la Cicig ha sido creer que sobre ellos nada más descansaba la posibilidad de que esa lucha anticorrupción derivara en transformaciones esenciales. Se llegaron a creer, incluso, que podrían impulsar una abstracta y utópica «refundación del Estado» (creando un nuevo Estado con las mismas reglas del Estado y sin salirse del ámbito del Estado).
Lamentablemente para ellos (y para Guatemala) la población no terminó de apropiarse del concepto. Salvo iniciativas emocionales y coyunturales, el respaldo de 2015 a la famosa lucha anticorrupción no pasó de la edición de ingeniosos memes, de retuits saturados de bilirrubina y de abundantes likes feisbuqueros, muy liberadores de conciencias ellos.
Debido a esa soledad, Thelma Aldana e Iván Velásquez terminaron por caer en la trampa y pretendieron que al ser ungidos por el Frente Ciudadano Contra la Corrupción lograrían darle a todo el esfuerzo de estos años, un verdadero carácter de lucha. Nada más alejado de la verdad. El susodicho frente nació muerto, sin capacidad de convocatoria ni de articular propuestas, y todo, tal y como lo he mencionado en más de una ocasión, porque sus respetables integrantes no dudaron en aliarse con el mismo diablo en esta aventura.
Para colmo, no todo les ha salido a los acusadores como esperaban. Al margen de que los abogados de la defensa han entrampado los casos más emblemáticos -La línea, Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, etcétera-, es lamentable que otros como el del Bufete de la impunidad o la Caja de Pandora, donde se involucraba al alcalde Álvaro Arzú, se les vinieran al suelo de manera estrepitosa. Y todavía está por verse lo que ocurra en el caso Transurbano, en el que la Cicig evidentemente se excedió en su mandato al pretender otorgarle a todo un cuerpo ministerial el carácter de red mafiosa, cuando no tiene más evidencia que la firma de un acuerdo gubernativo.
Afortunadamente, no todo el esfuerzo es tiempo perdido. Ahora existe una más clara vocación de denuncia ciudadana; se ha aprendido a fiscalizar de manera más efectiva (algunas veces hasta exageradamente, pero es preferible a nada), se le presta mucha más atención a las iniciativas que llegan al seno del Congreso y se escudriña con más profundidad acerca de las veladas intenciones que puedan esconderse detrás de ellas. Toda esta conducta es irreversible y sería bueno que todos los ciudadanos -especialmente los políticos- lo aprendiésemos de una vez por todas.
Empero, lo importante es no creer que ya todo está resuelto en materia de combate a la corrupción e impunidad. Mientras la lucha anticorrupción carezca de interés general, en tanto no se supere la fase de la mera persecución de personas supuestamente vinculadas a actos corruptos y en la medida que la ciudadanía no tome conciencia de su propio poder para convertir esos señuelos en una auténtica cruzada nacional anticorrupción e impunidad, esta no pasará de ser otra fantástica manipulación de masas.
Usted disculpe si parezco aguafiestas y rompo de mala manera su retorno a la realidad después del prolongado feriado. Solo quiero preguntarle, en serio, … ¿de veras hay una lucha anticorrupción?
