PACTO CON EL DIABLO

Por. Édgar Rosales

En algún lugar leí que ante las crisis, los pueblos latinoamericanos se aferran desde tiempos ancestrales a cualquier creencia que les brinde un poco de alivio en la tormenta. Según esta teoría -por demás comprobada- así se explica el porqué aumentan las congregaciones religiosas, se acude al brujo, se lee con devoción el horóscopo… o se hacen pactos con el diablo.

Esta impresión me ha causado al ver el surgimiento de un Frente Ciudadano Contra la Corrupción en días pasados, el cual no es sino la integración de personas más o menos representativas de grupos más o menos organizados y de algunos personajes que de buena fe acudieron a respaldar una loable iniciativa como esta. Algunos, subrayo.

Y es que, hablando en plata, ¿puede haber algo más encomiable que luchar contra el flagelo de la corrupción, sobre todo ahora que el tema ha sido posicionado por los medios de comunicación como «el más importante de los problemas estructurales en Guatemala»? Un mensaje que, sutil pero alevosamente, pretende ocultar de la opinión pública la gravedad de la desnutrición, el deterioro de la educación o el abandono de la salud.

Es tan sexy referirse en esos términos a la corrupción, que un columnista escribió hace poco algo así como que «es preciso terminar con la corrupción para empezar a ocuparnos de los demás problemas». Me recordó que en un curso impartido por el CIEN escuché a María del Carmen Aceña asegurar que había que seguir el ejemplo de Japón, cuya población se dedicó a buscar el crecimiento económico y dejó de lado cosas que no son útiles, como la producción artística (I swear to God).

Decía, entonces, que pese a ser inexacto, lo correcto es apoyar la lucha contra la corrupción. Y como indicaba, en esta propuesta participan algunos personajes bienintencionados y con un prestigio intachable. Todos, menos uno. Lamentablemente, las buenas credenciales no son suficientes para opacar la presencia del que viene a estropear todo el esfuerzo. Del autor del pacto: un tal Dionisio Gutiérrez.

La realidad es que la presencia de este señor anula toda buena intención que pudiera animar al Frente. Me hizo recordar que en 1993 coordinó un intento similar, que entonces fue bautizado como Instancia Nacional de Consenso (INC), alrededor de la cual se articularon empresarios y lo más relevante del movimiento popular de la época -con Rigoberta Menchú a la cabeza- con la mira de sacar al país de la crisis originada tras el Serranazo.

La INC estaba presidida por Peter Lamport -el empresario de los licores que pidió perdón en el acto de lanzamiento del Frente-. Y si bien le conozco como buena persona, muy accesible y de mentalidad mucho más amplia que la mayoría de los de su clase, es difícil redimir a quien contribuyó al descalabro económico y social de este país, la corrupción incluida.

Y es que la Instancia logró el propósito de recuperar la estabilidad quebrantada por Jorge Serrano, de acuerdo, pero después fue instrumentalizada (cooptada, dirían hoy) para promover las nefastas reformas constitucionales de 1994, dando inicio al proceso de privatización solapada de la educación, por medio de herramientas oscuras como el Pronade.

Peor aún: esas reformas le prohibieron a la Junta Monetaria autorizar que el Banco de Guatemala le otorgara financiamiento al Estado, sentenciando a este a caer, sí o sí, en los sacrosantos brazos de los empresarios. Enriquecimiento privilegiado a costa de «garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país».

Por otro lado, esta modalidad de agrupar gente con cierto liderazgo en torno a temas de interés amplio no es ninguna novedad en Guatemala, aunque los fines obtenidos no siempre han sido muy concisos ni de largo plazo. En 1995, por ejemplo, se lanzó la Alianza Contra la Impunidad con una impresionante cantidad de personajes ligados al movimiento popular, pero sus objetivos no llegaron más allá de apoyar la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional y lograr que los militares responsables de crímenes contra la humanidad no quedaran sin castigo.

En el caso actual, la idea es válida, de eso no hay la menor duda. Infortunadamente, su principal promotor es una de las personas, como pocas en Guatemala, que tiene más motivos para utilizar este colectivo como un mecanismo para lavarse la cara.

Gutiérrez es uno de los tantos responsables de haber contribuido a que Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y toda la corte mafiosa del Partido Patriota llegara al poder, apoyándolos con abundantes recursos económicos y acceso a otros círculos de poder. Eso no es ningún secreto. Tampoco lo es que, públicamente, anunció su apoyo a favor del presidente Jimmy Morales, pero curiosamente ni el Tribunal Supremo Electoral ni Cicig-Ministerio Público lo han siquiera mencionado en la lista de financistas anónimos del FCN.

Y he ahí otra sombra sobre el Frente: ¿qué hacía una funcionaria pública, como la fiscal general Thelma Aldana en un acto político? ¿Por qué el colectivo tenía que expresar apoyo a personas y no centró su propuesta en los mecanismos, métodos o planes para lo que dicen que es su objetivo: la lucha contra la corrupción?

Como siempre, soy muy directo: no soy el único que vio en esa actividad todo un montaje político-electoral para fortalecer la cada vez menos disimulada candidatura presidencial de la fiscal Aldana. Por supuesto, tiene todo el derecho de sustentar esa aspiración pero ¿acaso no está en la picota el uso de recursos públicos con fines clientelares? ¿Existe justificación racional para su reunión con la comunidad migrante en Estados Unidos, uno de los grandes electores en las próximas elecciones?

Y aquí he mencionado apenas unas cuantas razones para desconfiar, no de la mayoría de participantes, pero sí de los principales cabecillas del Frente Ciudadano. No sé ustedes, pero yo prefiero orientar la lucha contra la corrupción y la impunidad desde otras trincheras; junto a otras personas o, si se prefiere, desde este humilde pero cuestionador espacio. ¡En este Frente es insoportable el olor a azufre!