lunes, 26 de marzo de 2018

SITUACIÓN ALTAMENTE EXPLOSIVA


Por: Edgar Rosales 
Que Guatemala está viviendo una de las crisis políticas más explosivas de su historia, es una triste perogrullada. Que se desvaneció la despolarización ideológica que aparentemente rigió el ambiente político de las últimas décadas, es otra verdad verificable hasta en las tertulias de café. Y que no hay liderazgos a la vista, constructivos y capaces de reorientar la vida social de este país, es otra certeza amarga que nos flagela.
Y es que casi sin darnos cuenta, al creernos el dogma de que las ideologías contrapuestas eran cosa de la historia, caímos en una falacia más infame, al autocomplacernos con eso de que la lucha ya no es entre izquierdas y derechas sino que fue desplazada por aquella mítica conflagración entre el bien y el mal (ahora materializada en la dicotomía corruptos versus anticorruptos). Cualquier criterio ajeno a este esquema, se dice, simplemente está fuera de lugar.
Por otro lado, esa situación crítica nos conduce a meditar en lo que muy acertadamente señala el doctor Olmedo España por medio de su brillante artículo Para entender Guatemala y del cual subrayo su conclusión «la lectura del análisis de coyuntura es insuficiente para comprender una sociedad tan compleja como la nuestra».
En efecto, los escandalosos acontecimientos del día a día prevalecen, dolorosamente, sobre el análisis de fondo, produciendo una interpretación fragmentada de los grandes retos que enfrentamos en esta sociedad difícil de entender y, sobre todo, en esta época de peculiar incertidumbre.
Un buen ejemplo de esta pasión por lo coyuntural lo hemos tenido en la reciente lucha que se libró alrededor de la figura del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y la polémica acerca de si debía o no atender la citación que le hiciera el grupo más impresentable de diputados al Congreso, supuestamente para explicar su eventual participación en el acto feminista radical denominado la procesión de la Poderosa Vulva.
Al margen del derecho de expresión que asiste a quienes montaron dicha procesión e incluso al margen de la santa ira que se apoderó del cachurequismodesquiciado, lo preocupante es que un hecho insignificante para la vida del país terminó por desencadenar una agria situación en la que grupos y personas ultraconservadoras se enfrentaron con grupos y personas progresistas. Unos y otros sacaron a relucir una impresionante agresividad, que de haber ocurrido en épocas pretéritas no habría faltado quien buscara la forma de dilucidarlo por medio de las balas.
A nadie escapa que los congresistas promotores de este acto político, disfrazado con ropaje jurídico, de ninguna manera buscaban «reivindicar las buenas costumbres y la ofensa proferida contra los más sagrados sentimientos de la población católica». Era tan solo un hipócrita acto de vendetta en contra del procurador, a quien se la tienen jurada por haberse atrevido a promover un amparo en favor del comisionado Iván Velásquez, de la Cicig, cuando el presidente Morales pretendió expulsarlo del país, en septiembre pasado.
Al final, esta desmedida batalla fue resuelta por la Corte de Constitucionalidad (CC), al tenderle una especie de salvavidas a Rodas y librarlo de lo que se anticipaba como un descomunal linchamiento político. Por supuesto, ahora los detractores del magistrado de conciencia denostan contra los titulares de la CC, acusándolos, ¡mire nada más!, de «servir a los intereses de la izquierda que pretende venezualizar a Guatemala». Y los progresistas, por su parte, se adjudican el amparo como «un triunfo del Estado de derecho».
Pero el caso es que la coyuntura fue resuelta -al menos así parece al momento de escribir estas líneas-, pero el o los problemas de fondo continúan inalterables: la convulsión social apenas encontró una efímera válvula de escape, que durará hasta que se presente la siguiente crisis de coyuntura y el Estado, en general, seguirá operando con las deficiencias de siempre. Y mientras tanto, la crisis general, la grande a la que aludimos, sigue su marcha nefasta e incontenible.
Y de paso queda demostrado -una vez más- que uno de los temas de fondo en este caso sigue siendo el desmesurado poder que los diputados constituyentes le otorgaron a la CC, desde el momento que consagraron en la Constitución de la República las palabras mágicas: «No hay ámbito que no sea susceptible de amparo…» (artículo 265). Este sí es un problema toral, que mientras persista en el texto de la Ley Suprema, seguirá siendo utilizando por tirios y troyanos y por moros y cristianos, para resolver temas circunstanciales.
Otra manera perversa de buscarle «salidas a la crisis» nos viene desde el ámbito mediático. Tal y como hemos mencionado en más de una ocasión, es en las salas de redacción y no precisamente en las judicaturas donde se decide quién es culpable y quién no. Lo importante para los directores, en el escenario actual, es si usted -funcionario o no- ha sido señalado por la dupla Cicig-MP. Ese nimio detalle bastará para que su reputación o su carrera de años se haga trizas ante el dedo manipulador de la «opinión pública».
Peor aún si alguien, después de ser acusado, resulta absuelto. Tal desenlace solo podría explicarse como resultado de las acciones que se siguen perpetrando en el corrupto sistema de justicia. No hay ninguna otra posibilidad. Si ellos lo acusaron, es porque así era y punto. ¡Jueces vendidos!, se añade con furia.
Así las cosas, vivimos un panorama de alto octanaje, donde la polarización, la descalificación y la desactivación de problemas urgentes -problemas que ya existían desde antes de la venida de la Cicig- ensombrecen cualquier esfuerzo o iniciativa de encontrar soluciones integrales y estructurales por la vía del diálogo, ante lo cual solamente se atina a cuestionar ¿quién podrá desactivar esa bomba?
Es cierto: hoy no hay balas, pero a cambio se cuenta con instrumentos mucho más demoledores e inmanejables: la desconfianza, la intolerancia y el cortoplacismo son apenas algunos. El peor, sin embargo, es que esa situación de explosividad puede finalmente convertirse en el tan temido estallido social incontrolable.
¡Ah, coyuntura maldita! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre! 

martes, 20 de marzo de 2018

MEME COLOM, EL SOCIALDEMÓCRATA QUE NO LO FUE


Por: Edgar Rosales 
Este 22 de marzo se cumplen 39 años del incalificable asesinato del líder Manuel Colom Argueta, perpetrado tanto intelectual como materialmente por militares de alta graduación de la época en connivencia con dirigentes empresariales; hecho que significó uno de los golpes más arteros contra las aspiraciones de democracia y desarrollo del pueblo guatemalteco.
Este asesinato, ocurrido en un marco represivo sin precedentes y que terminó por descabezar a lo más granado de la dirigencia del sector popular de la época, vino a complicar aún más la crisis política que vivía el país y, más aún, a agudizar la crisis de liderazgo que, casi cuatro décadas después, sigue siendo imposible de superar.

En esta ocasión no voy a repasar sus notables y extraordinarias ejecutorias políticas que lo consagraron como el mejor alcalde de la ciudad de Guatemala -en una sola administración de cuatro años- o el más visionario político de oposición que ha existido entre nosotros. Estimo que la literatura al respecto es florida e ilustrativa. (Si usted aún no ha leído el libro Meme Colom, líder de líderes puede descargarlo de la Biblioteca «Adrián Inés Chávez» de gAZeta. Es fácil, solo haga clic en este enlace: http://gazeta.gt/wp-content/uploads/2017/12/meme-colom-lider-de-lideres.pdf
Hoy quiero enfocar este homenaje en un asunto toral que ha sido abordado de manera más bien superficial: me refiero a la verdadera ideología que sustentaba.
Y es que a menudo se comete el error -incluso el que esto escribe ha incurrido en el mismo- de identificarlo como líder socialdemócrata. Tal cosa no es cierta. Para comprenderlo, debemos ubicarnos en el contexto que primaba en el escenario político latinoamericano de los años 70, marcado por las características radicales de la Guerra Fría, posición que era inevitable abordar en el seno de la Internacional Socialista, foro en el cual participaba el líder nacional, Manuel Colom.
                  Foto de Meme Colom que aparecía en un volante del FUR durante la campaña                              electoral de 1978.

La disputa entre los sectores no extremistas alcanzaba a los mencionados socialdemócratas y otras expresiones que se identificaban como socialistas no marxistas. Un ejemplo bastante ilustrativo era la disputa que se manifestaba entre organizaciones de izquierda, relativamente conservadoras, como el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) o Acción Democrática de Venezuela (AD) frente a opciones más radicales, como el caso de los partidos que habían integrado la Unidad Popular de Chile durante el Gobierno de Salvador Allende, el Partido Revolucionario Febrerista, de Paraguay o el Partido Justicialista (peronista) de Argentina o el Partido Socialista Brasileño (por aquellos años en el exilio).
En ese entorno referencial, Manuel se definía como socialista -a secas- y ello lo dejó muy claro durante una muy interesante reunión de trabajo con quienes integramos la juventud del Frente Unido de la Revolución -FUR-. Hace unos días, mientras observaba la fotografía que se reproduce abajo, vino a mi mente que en esa reunión con la juventud del FUR, celebrada una tarde de sábado de 1977, nos dijo, palabras más, palabras menos: «Somos socialistas no socialdemócratas, pero no podemos caer en la trampa de presumir de radicalismos irresponsables. Estoy consciente de que en Guatemala se tiende a confundir el concepto de socialista con el de comunista y ello puede significar efectos terribles para nuestra causa».

Foto de la colección particular del autor, quien aparece con los brazos sobre la mesa. Al fondo, Anna Borghinni, esposa de Manuel.

Por ello Manuel Colom siempre prefirió identificarse como el líder de las Nuevas Generaciones Revolucionarias, inspirado en la Revolución de 1944; especialmente en su fase más profunda, la encabezada por Jacobo Árbenz. En todo caso, independientemente de la definición, el paradigma ideológico y la plataforma de trabajo estaban claras y definidas: la única salida para superar la larga noche negra que agobiaba a Guatemala, no descansaba en las propuestas de un dirigente, por muy asertivo que se le considerara. Ni siquiera alrededor de las propuestas de un partido político, por sensatas que parecieran.
Para Manuel, la gran respuesta ante la imposición de la oligarquía y su gran aliado, el Ejército de Guatemala, pasaba necesariamente por la integración de una diversidad muy amplia de expresiones políticas y populares, para dar paso a un gobierno representado por opciones que iban desde el centro derecha -como la Democracia Cristiana- que involucrara a movimientos populares no partidistas y abriera espacios de participación política a la guerrilla, en una fase ulterior.
   Foto familiar de Meme Colom junto a su esposa, Anna Borghinni en su residencia.
Esa propuesta y sus dimensiones nos indican hasta dónde llegaba la visión y el compromiso de Manuel. Pese a que la dirigencia demócrata cristiana bloqueara en más de una oportunidad sus aspiraciones presidenciales y que los alzados en armas no desperdiciaban ocasión de desacreditar sus posturas no extremistas, él estaba convencido de que únicamente de esa manera se podría abrir el camino hacia la transformación de Guatemala.
Es decir, creía en una alianza de clases, de sectores y de voluntades, donde los únicos que no tendrían cabida serían los sectores que a punta de metralla defendían el establishment, que negaban el ejercicio de los elementales derechos políticos a los ciudadanos, en oprobiosa coyunda con los que mantenían aherrojada a la mayoría de la población, al concentrar el control de los sectores claves de la economía.
De lo contrario, como político curtido por los años de exilio, persecución y cárcel, también estaba convencido que un eventual gobierno encabezado por su partido, de manera aislada, estaría irremisiblemente condenado al fracaso. «Si no organizamos una sólida base popular, demos por descontado que en tres meses estos me dan golpe de Estado, como le ocurrió a Allende. ¿Y saben por qué? Porque nosotros sí vamos a impulsar las reformas de estructura que necesita nuestro país, pero no vamos a poder solos», expresó en alguna ocasión.
    Manuel Colom en su juventud, durante un descanso en un sitio turístico de Italia.
Y entre esas reformas, Manuel nunca ocultó su convicción de que la fiscal y la agraria eran fundamentales para emprender cualquier proceso de desarrollo; temas profundos que la socialdemocracia latinoamericana apenas contemplaba tangencialmente en su ideario.
La importancia de su planteamiento fue entendido por la dirigencia popular de entonces. Por ello, no nos extrañaban sus reuniones con el líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, con los sindicalistas Israel Márquez, Pedro Quevedo y Quevedo o Manuel López Balam. Sabíamos que el gobierno popular del FUR necesitaba no solo a Américo Cifuentes, Alfredo Balsells Tojo o Carlos Duarte. Necesitaba a los mejores revolucionarios unidos en un esfuerzo común.
           Meme Colom y Alberto Fuentes Mohr, en la época del Frente Nacional de Oposición                   (1974)
Hoy, al rememorar aquel desgraciado 22 de marzo, todavía con el dolor en el alma a causa del gran proyecto nacional que se frustró con su sangre derramada, vienen a mi mente sus palabras expresadas en uno de sus últimos encuentros públicos: «A mí me pueden matar a la vuelta de la esquina, así como mataron a López Larrave; como asesinaron a Fuentes Mohr o como acribillaron a Fito Mijangos. Pero lo que no puede morir; lo que debe crecer y debe perdurar, es el espíritu de libertad de mi pueblo, ante el cual me rindo con devoción revolucionaria».
Frases premonitorias, excepto en la última parte de esa declaración, porque ese espíritu inclaudicable que esperaba de la gente, sigue sin cumplirse y sin visos de hacerse realidad, al menos en el inmediato futuro.
En esta fecha, como cada año, recuerdo su compromiso infatigable, su sonrisa amistosa, sus discursos ilustrativos, su carisma incomparable… y la tensión de los días previos al fatal desenlace… y las balas… y su sangre. ¡Oh Manuel! ¿Por qué esos malditos se abrogaron el derecho de decidir sobre tu vida? ¡Sin la menor duda, hoy tendríamos otra Guatemala!
Con el sepelio más grande de la historia, el pueblo de Guatemala rinde tributo a su máximo líder, después de cumplirle hasta el último momento. 
La canción que recuerda a Manuel Colom. Fue divulgada por primera vez el 22 de septiembre de 1979.

Fotografía principal de la colección de Edgar Rosales.

miércoles, 14 de marzo de 2018

EL PODER INFINITO DE LOS MEDIOS



Por: Édgar Rosales
edgargt1318@gmail.com

Originalmente publicado en Revista gAZeta

Tenía que ser el admirable Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien pusiera los puntos sobre las íes: «Nuestras democracias deben llamarse democracias mediatizadas. Los medios de comunicación son un componente más importante en el proceso político que los partidos y sistemas electorales; se han convertido en los principales partidos de oposición de los gobiernos progresistas; y son los verdaderos representantes del poder político empresarial y conservador».

El párrafo anterior constituye un axioma aplicable a casi cualquier país latinoamericano en la actualidad, aunque no se trata, en absoluto de una nueva tendencia. Ese rol de la prensa tuvo particular presencia durante el siglo XX, cuando esta tenía que alinearse, sí o sí al establishment, o se arriesgaba a ser tildada de «roja» y, por consiguiente, perseguida por las fuerzas represivas del Estado.
Durante los primeros años de la centuria actual, la posición conservadora de los medios alcanza niveles ultristas, en respuesta al deterioro de las políticas del Consenso de Washington y, coincidentemente, cuando una importante oleada de gobiernos progresistas toma forma en la región.
La primera estrategia de los medios, obviamente reaccionaria, se orientó a invisibilizar los resultados positivos que en materia económica y social iban alcanzando países como Brasil, Argentina y Ecuador. Colocaron en la mente del público el «fracaso del socialismo» cuando se referían a países como Uruguay o Venezuela, o fingen desconocer los impresionantes indicadores macroeconómicos de Bolivia. El fracaso del socialismo.
Luego de consumar esa primera estrategia, en la segunda década del siglo, el ataque se dirige hacia el posicionamiento de lo moral como ideal artificioso de nuestras maras cool. Al respecto, apunta Correa: «El tema de la corrupción se ha convertido en la eficaz herramienta para destruir los procesos políticos nacional-populares en nuestra América. El caso emblemático es el de Brasil, donde una operación política muy bien articulada logró la destitución de Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil, para luego demostrarse que no tenía nada que ver con las cuestiones que se le imputaban. Hay una gran hipocresía mundial en torno a la lucha contra la corrupción».

Y sobre las dos estrategias mencionadas, pervive un asunto esencial y que es el que verdaderamente rige a las otras dos: la creación, al final del día, de una cultura hegemónica construida desde los medios de comunicación, la cual se reduce a lograr que los deseos de las grandes mayorías se correspondan plenamente con los intereses de las élites.
Un ejemplo categórico es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos y que ha dado lugar al concepto de «espectacularización» de la justicia. Este se relaciona con la cobertura periodística del caso Lava Jato, en Brasil. Según Barbara Ester Celag, en un artículo publicado en Resumen Latinoamericano, este fenómeno fue evidenciado por especialistas en ética periodística, tras denunciar prácticas infames como alimentar rumores sin la debida verificación, promover filtraciones selectivas y «condenar» a los acusados, antes de la sentencia judicial.
Concretamente, la espectacularización de la justicia presenta curiosos roles repetitivos: la figura del juez «salvador de la patria», Joaquim Barbosa, y su repetición como farsa en el juez de Primera Instancia, Sergio Moro, quien en más de una vez optó por condenar sin pruebas. En Ecuador, la acusación y posterior encarcelación del vicepresidente Jorge Glas, habría de seguir por el mismo rumbo.
En Guatemala el panorama corresponde plenamente con la óptica correísta. La imposición de ideas que llevan a la práctica los medios nacionales, ya sea por complicidad o por la emoción de sentirse «del bando bueno» han abdicado a los otrora románticos valores de objetividad, imparcialidad, coherencia y balance.

El viernes anterior, precisamente, tuvimos una evidencia rotunda e incuestionable acerca de ese papel hipócrita que se menciona líneas arriba. Todos los medios calificaron como una burla la decisión de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de mantener la inmunidad del alcalde Álvaro Arzú, pero desde esos mismos espacios se le encumbró a los diversos niveles de poder que ha ejercido; unas veces por complicidad y otras, por inexcusable omisión.
Fieles a esa línea dictada desde los estrados ultraconservadores -hoy en oprobioso maridaje con «amplios sectores» sociales- perviven las estrellitas que han monopolizado la opinión en los diversos medios, especialmente durante las últimas dos décadas. Ellas son las que deciden, de acuerdo con la agenda, quién es bueno y quién es malo; quién es justo y quién es perverso. Quién es bien pensante y quién merece escarnio por su pecado original de nacer cachimbiro.
Es decir, se desplazó el Estado de derecho al sustituirlo por un Estado omnímodo de los medios, donde no es un Miguel Ángel Gálvez, una Yasmin Barrios o una Claudette Domínguez quien tiene la última palabra. Esta ya ha sido emitida, desde el momento mismo de hacerse pública una imputación -y sin siquiera haber leído el expediente-, por un José Rubén Zamora, un Mario Antonio Sandoval o un Juan Luis Font, sin que necesariamente estén capacitados para interpretar la fenomenología social, económica o política y menos aún, la jurídica.

Y usted, sin percatarse siquiera, replica ese mensaje anodino y vacío, mejor si en las redes sociales, porque ignora que durante años así han «formado» su opinión. Claro, ante la pereza intelectual que padecemos la mayoría de guatemaltecos, resulta de lo más cómodo repetir sin mayores reparos lo que se ha leído y escuchado, porque al fin y al cabo «si ellos lo dicen, así debe ser».
Y así será mientras las élites progresistas no comprendan que lo que está en juego no es la libertad de satanizar sino lo que dicho concepto -libertad- significa para vivir en democracia. Y que el ejercicio de esta debe ser pleno y para todos. Es la prensa la que jamás ha asumido un compromiso con ella. Antes bien, invocando y manoseando su nombre, tan solo ha sido una beneficiaria de sus bondades.

viernes, 9 de marzo de 2018

DEMAGOGO SUPERSTAR



Por: Édgar Rosales

Originalmente publicado en Revista gAZeta 

Por si acaso quedaba alguna duda, esta fue despejada durante el «Tercer Encuentro Ciudadano», pomposo nombre adjudicado a una reunión de élites de origen e intereses más o menos diversos, que fueron convocadas para escuchar y deshacerse en alabanzas hacia la figura predominante sobre todas las demás ahí congregadas: el millonario populista Dionisio Gutiérrez.

Lo anterior no es ninguna invención ni delirio obsesivo hacia un empresario con aires de político. Basta una ojeada a los diarios de ayer, o un vistazo a los telenoticieros para darse cuenta que todos cerraron filas, con servilismo rayano en la ignominia, para destacar la presencia de Gutiérrez en el foro, y de nadie más. Nada extraño, porque así es como la prensa construye nuestros superstars, nuestros «héroes buenos que somos más» y, por supuesto, así es también cómo define a los malos de la película.

A causa de ese maniqueísmo mediático, resulta que Dionisio Gutiérrez lejos de ser al menos investigado por los innumerables casos anómalos en que se le involucra, algunos de los cuales han sido publicados, viene a ser una especie de salvador de Guatemala, para lo cual basta con declararse, así de repente, enemigo acérrimo de «los políticos» -en general- por ser los culpables de todo y de «algunos» -en particular- empresarios delincuentes, pobres víctimas de los primeros.

Por supuesto, se debe reconocer la habilidad para manejar el discurso que conviene en estos momentos y tomar parte desde «el lado correcto de la historia». Y de enviar a las masas adormecidas el discurso que están esperando oír de alguien. Por ello, nada extraña que después de ser su cómplice en el ascenso al poder, ahora despotrique contra su antiguo aliado, el expresidente Otto Pérez Molina. Eso es, precisamente, lo que se debe decir.

¿Acaso no resulta seductor, digno de encomio y hasta parece muy macho aquel que tilde de torpe e ignorante al señor presidente de la República? Aunque no sea ninguna novedad, se «siente bonito» que alguien se lo diga en público (¡oh hazaña!) ¿Quién no ha escuchado que la corrupción no tiene ideología? ¿Quién no se siente reivindicado al saber que un señor encopetado comparte el criterio generalizado de que «es necesaria la persecución implacable a quienes cometen delitos»?

Sin embargo, ¿puede haber actitud más servilista que el titular de Publinews: «Dionisio Gutiérrez llama “torpe e ignorante” al Gobierno y se gana cientos de aplausos»? ¿Y qué tal el de Guatevisión: «Dionisio Gutiérrez: “Señor presidente, deje de avergonzar a Guatemala”»? Todos los demás, según esta óptica retorcida, fueron simples invitados de piedra que no dijeron nada digno de ser destacado.

Es decir, palabras resobadas, frases estudiadas, conceptos prefabricados y ocurrencias como esa de «La izquierda me llama fascista. La derecha me llama comunista. Ya tengo un problema de identidad». Nunca he sabido que alguien lo llame «comunista» y quienquiera que lo haya hecho, entonces sí que tiene un problema de identidad. De identidad y de ubicación.

Frente al egocentrismo monumental de este personaje, resulta lamentable que la extensa trayectoria de personas como Helen Mack o Carolina Escobar Sarti palidecen irremisiblemente ante el fulgor del superstar.

Lo he mencionado anteriormente: la propuesta, objetivos, contenidos y alcances que pueda tener este Frente Ciudadano Contra la Corrupción son correctos, dignos de apoyarse y abren una enorme esperanza para el país. Incluso, he señalado que la mayoría de los firmantes de su proclama inicial me parecen personas con liderazgo, bienintencionadas y que sustentan preocupaciones genuinas en torno a la corrupción, sus inconmensurables problemas y los obstáculos que representa para construir un mejor futuro para Guatemala.

Sin embargo, una presencia ensombrece todo ese esfuerzo y la trayectoria de todas esas personas. Y si no, veamos la majestuosa troleada que le dieron las redes sociales -netcenters e internautas auténticos- a Dionisio Gutiérrez mientras su portentosa pieza discursiva era divulgada por diferentes medios.

Considero, entonces, que si se pretende conducir por la ruta apropiada esta iniciativa, es necesario, preciso e indispensable exorcizar al demonio que se pretende lavar la cara y vestirse de Primera Comunión, usando el liderazgo y el buen nombre de todos los demás.

De lo contrario, lo más seguro es que todo este esfuerzo termine en la basura. Y es que, puestos a pensar, en la lucha contra la corrupción e impunidad tampoco es válido invitar a la mesa a cualquiera. ¿O es que acaso Gutiérrez no ha sido a la justicia, lo que Manuel Baldizón a la política? Yo no encuentro diferencias reales a la hora de hacer el balance (y si no cree, pregúntele al Tío Juan).

Quizá lo único que le concedo a este manipulador profesional es lo afirmado en una entrevista reciente con Prensa Libre: «Más que al empresariado, creo que a la sociedad, con todo respeto, con toda humildad, hago un llamado a que busquemos la forma de reencontrarnos, de volver a dialogar, de hacer un esfuerzo importante por bajarle el volumen, en la medida de lo posible, a todo eso que se llama manipulación de la información…».

En efecto, ese es uno de los problemas torales que deben ser abordados, y no solo por el citado Frente Ciudadano sino por toda la sociedad. Se va acercando la hora de que los medios de comunicación también desempeñen un rol responsable en el proceso de lucha anticorrupción, porque al final del día, estos no están exentos de culpabilidad por el deterioro y enfrentamiento al que nos han conducido, al satanizar a unos -de acuerdo con sus intereses- y sacralizar a otros -de acuerdo con sus intereses-.

Y por el bien de Guatemala, la auténtica, no la que pretende fabricar este señor, espero que la próxima vez tengamos noticias más alentadoras acerca de este Frente. Enterarnos, por ejemplo, que los ingenuos personajes que lo respaldan han entendido que la amnesia histórica es uno de nuestros padecimientos más graves. Y sobre todo, haber entendido que no es lo mismo ser cabeza de ratón que cola de león. 

Fotografía principal tomada de Guatevisión.

lunes, 5 de marzo de 2018

PACTO CON EL DIABLO



Por. Édgar Rosales
En algún lugar leí que ante las crisis, los pueblos latinoamericanos se aferran desde tiempos ancestrales a cualquier creencia que les brinde un poco de alivio en la tormenta. Según esta teoría -por demás comprobada- así se explica el porqué aumentan las congregaciones religiosas, se acude al brujo, se lee con devoción el horóscopo… o se hacen pactos con el diablo.

Esta impresión me ha causado al ver el surgimiento de un Frente Ciudadano Contra la Corrupción en días pasados, el cual no es sino la integración de personas más o menos representativas de grupos más o menos organizados y de algunos personajes que de buena fe acudieron a respaldar una loable iniciativa como esta. Algunos, subrayo.
Y es que, hablando en plata, ¿puede haber algo más encomiable que luchar contra el flagelo de la corrupción, sobre todo ahora que el tema ha sido posicionado por los medios de comunicación como «el más importante de los problemas estructurales en Guatemala»? Un mensaje que, sutil pero alevosamente, pretende ocultar de la opinión pública la gravedad de la desnutrición, el deterioro de la educación o el abandono de la salud.
Es tan sexy referirse en esos términos a la corrupción, que un columnista escribió hace poco algo así como que «es preciso terminar con la corrupción para empezar a ocuparnos de los demás problemas». Me recordó que en un curso impartido por el CIEN escuché a María del Carmen Aceña asegurar que había que seguir el ejemplo de Japón, cuya población se dedicó a buscar el crecimiento económico y dejó de lado cosas que no son útiles, como la producción artística (I swear to God).
Decía, entonces, que pese a ser inexacto, lo correcto es apoyar la lucha contra la corrupción. Y como indicaba, en esta propuesta participan algunos personajes bienintencionados y con un prestigio intachable. Todos, menos uno. Lamentablemente, las buenas credenciales no son suficientes para opacar la presencia del que viene a estropear todo el esfuerzo. Del autor del pacto: un tal Dionisio Gutiérrez.
La realidad es que la presencia de este señor anula toda buena intención que pudiera animar al Frente. Me hizo recordar que en 1993 coordinó un intento similar, que entonces fue bautizado como Instancia Nacional de Consenso (INC), alrededor de la cual se articularon empresarios y lo más relevante del movimiento popular de la época -con Rigoberta Menchú a la cabeza- con la mira de sacar al país de la crisis originada tras el Serranazo.
La INC estaba presidida por Peter Lamport -el empresario de los licores que pidió perdón en el acto de lanzamiento del Frente-. Y si bien le conozco como buena persona, muy accesible y de mentalidad mucho más amplia que la mayoría de los de su clase, es difícil redimir a quien contribuyó al descalabro económico y social de este país, la corrupción incluida.
Y es que la Instancia logró el propósito de recuperar la estabilidad quebrantada por Jorge Serrano, de acuerdo, pero después fue instrumentalizada (cooptada, dirían hoy) para promover las nefastas reformas constitucionales de 1994, dando inicio al proceso de privatización solapada de la educación, por medio de herramientas oscuras como el Pronade.
Peor aún: esas reformas le prohibieron a la Junta Monetaria autorizar que el Banco de Guatemala le otorgara financiamiento al Estado, sentenciando a este a caer, sí o sí, en los sacrosantos brazos de los empresarios. Enriquecimiento privilegiado a costa de «garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país».
Por otro lado, esta modalidad de agrupar gente con cierto liderazgo en torno a temas de interés amplio no es ninguna novedad en Guatemala, aunque los fines obtenidos no siempre han sido muy concisos ni de largo plazo. En 1995, por ejemplo, se lanzó la Alianza Contra la Impunidad con una impresionante cantidad de personajes ligados al movimiento popular, pero sus objetivos no llegaron más allá de apoyar la promulgación de la Ley de Reconciliación Nacional y lograr que los militares responsables de crímenes contra la humanidad no quedaran sin castigo.
En el caso actual, la idea es válida, de eso no hay la menor duda. Infortunadamente, su principal promotor es una de las personas, como pocas en Guatemala, que tiene más motivos para utilizar este colectivo como un mecanismo para lavarse la cara.

Gutiérrez es uno de los tantos responsables de haber contribuido a que Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y toda la corte mafiosa del Partido Patriota llegara al poder, apoyándolos con abundantes recursos económicos y acceso a otros círculos de poder. Eso no es ningún secreto. Tampoco lo es que, públicamente, anunció su apoyo a favor del presidente Jimmy Morales, pero curiosamente ni el Tribunal Supremo Electoral ni Cicig-Ministerio Público lo han siquiera mencionado en la lista de financistas anónimos del FCN.
Y he ahí otra sombra sobre el Frente: ¿qué hacía una funcionaria pública, como la fiscal general Thelma Aldana en un acto político? ¿Por qué el colectivo tenía que expresar apoyo a personas y no centró su propuesta en los mecanismos, métodos o planes para lo que dicen que es su objetivo: la lucha contra la corrupción?

Como siempre, soy muy directo: no soy el único que vio en esa actividad todo un montaje político-electoral para fortalecer la cada vez menos disimulada candidatura presidencial de la fiscal Aldana. Por supuesto, tiene todo el derecho de sustentar esa aspiración pero ¿acaso no está en la picota el uso de recursos públicos con fines clientelares? ¿Existe justificación racional para su reunión con la comunidad migrante en Estados Unidos, uno de los grandes electores en las próximas elecciones?
Y aquí he mencionado apenas unas cuantas razones para desconfiar, no de la mayoría de participantes, pero sí de los principales cabecillas del Frente Ciudadano. No sé ustedes, pero yo prefiero orientar la lucha contra la corrupción y la impunidad desde otras trincheras; junto a otras personas o, si se prefiere, desde este humilde pero cuestionador espacio. ¡En este Frente es insoportable el olor a azufre! 



sábado, 3 de marzo de 2018

MITOS Y REALIDADES DE LAS LEYES MORDAZA






En un artículo intitulado Guerra por el control de las redes sociales publicado el pasado lunes 26 de febrero aquí en gAZeta, presenté un esbozo general acerca de diversos ángulos relacionados con la propuesta conocida a nivel popular como «ley antiterrorista» que considero preciso conocer, antes de entrar a una discusión más específica acerca de las motivaciones que, a nivel local, han conducido a un grupo de diputados sobrevivientes del Pacto de Corruptos a proponer semejante iniciativa.
De hecho, perseguir a las maras bajo el señuelo del terrorismo es una medida populista y cosmética, pero la mayor preocupación entre los internautas gira en torno a la posibilidad de que con este instrumento jurídico se violente la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, al crear figuras delictivas que vienen a coartar la posibilidad de sacarle la madre a los corruptos (nada más se puede hacer por dicho medio, hay que decirlo).
No me cabe la menor duda que semejante propuesta no solo constituye un acto de inexcusable ceguera política, sino de soberana estupidez (quise encontrar un calificativo más suave y a la vez ilustrativo pero, sorry, no existe). Es obvio que ese grupo que está al borde de un ataque de nervios está dispuesto a exponerse a una ridiculez global, con tal de mantenerse en el poder y, sobre todo, evitar convertirse en huéspedes de Mariscal Zavala por tiempo indefinido, con las consiguientes troleadas que conlleva un escenario de tales proporciones.
Sin embargo -sugería en mi artículo anterior-, también es una buena oportunidad para tener una idea completa acerca de las circunstancias que han llevado, en otros países -algunos muy desarrollados-, a considerar que el control del Estado, especialmente sobre el mal uso que algunos hacen de las redes sociales, se haya convertido en un tema que amerita atención.
Existen, entonces, tres elementos a considerar alrededor de esta propuesta de ley: 1) La intención -real o ficticia- de restringir la libertad de expresión por medio de la penalización de opiniones que a partir de su vigencia pueden considerarse delitos. 2) La preocupación mundial que ha causado el uso de redes sociales para perpetrar hechos -y no solo comentarios- que transgreden normas jurídicas y de derechos humanos. 3) La posibilidad real, de que con ley o sin ella, el tema sea arbitrado por sistemas foráneos, cabe decir, por los verdaderos dueños de las redes.
En el primer caso, no es asunto nuevo pero es obvio que se trata de otra de las típicas maniobras fascistoides que han caracterizado al Gobierno encabezado por Jimmy Morales, coyuntura que ha sido perfectamente aprovechada por el alcalde Álvaro Arzú y el apoyo incondicional -durable solo mientras sea útil- de lo más despreciable que ha llegado al palacio legislativo.
Hasta hoy, en los países donde se ha regulado el uso de las redes sociales, no se han impuesto medidas represivas sino económicas -salvo en algunas naciones islamistas- como las presentadas por nuestro macondiano Congreso. En países democráticos una iniciativa de ese tipo jamás podría ver la luz jurídica y en Guatemala debiese ocurrir lo mismo. Basta con que una persona impugne la inconstitucionalidad de su contenido para que sea enviada al cesto de la basura. Sin embargo, lo que no se debe perder de vista es la intencionalidad retrógrada y vacía de un régimen que ya perdió totalmente la credibilidad, pero que no está dispuesto a caer sin librar la última batalla, así tenga que sacar a relucir oprobiosas prácticas de gobiernos dictatoriales.
En cuanto al segundo punto, debemos entender que la preocupación manifestada en otras naciones tiene algunos argumentos válidos, básicamente los que se sustentan en dos grandes renglones: a) la lucha internacional contra el terrorismo, que en no pocos casos ha utilizado los recursos de internet para llevar a cabo sus fines, y b) la utilización de las redes sociales para perpetrar hechos al margen de la ley.
Estos dos grandes aspectos han generado conceptos para explicar el problema: censura y poscensura. Según explica el experto Gonzalo Toca, en una entrevista en Cambio 16: «La principal diferencia entre la censura y la poscensura es que, mientras la primera es vertical y depende de la mano de hierro del Estado y de las prioridades de un régimen dictatorial, la segunda existe gracias a unos usuarios que se adhieren espontáneamente a la agenda que promueve un grupo de presión».
Y a continuación dibuja el panorama por medio de un ejemplo muy ilustrativo: «Un colectivo asegurará que representa a millones de personas -un grupo feminista dirá que lo hace en nombre del feminismo y un grupo católico en nombre de los católicos- muy ofendidas con las opiniones de un sujeto determinado, al que se dispone a acosar, insultar y humillar en las redes sociales, hasta que ‘rectifique’».
Juan Soto Ivars en su libro Arden las redes apunta que: «Una (…) campaña en redes sociales provocará el silenciamiento de los puntos de vista moderados y la configuración de dos bloques extremos que se enfrentan en una guerra cultural (…). Llegamos así a un mundo ideal para los extremistas, porque la guerra proyectará la imagen de que la sociedad está dividida en dos bloques irreconciliables y radicalizará por el camino a miles de ciudadanos moderados y razonables». Muy familiar en nuestro medio, ¿verdad?
El tercer elemento parece ser el que, al final, será el más factible de aplicar en materia de control: la intervención directa de Mark Zuckerberg et al. como reales censores del mundo. De hecho, la semana anterior nos obsequiaron una pequeña muestra de su inmenso poderío al bloquear ciertas cuentas que fueron denunciadas y calificadas como generadoras de fake news (noticias falsas).
Por ello, quizá la gran lección que debemos aprender -como personas o sectores afines al movimiento popular- es que no debemos limitar nuestros medios de lucha a la intensa y activa presencia en redes sociales. Está demostrado que su incidencia es transitoria, ni la Primavera Árabe ni la Plaza 2015 lograron sobrevivir más allá de reivindicaciones transitorias.
Decididamente, la organización, el convencimiento, la formación y otras formas de lucha -por muy tradicionales que parezcan- en realidad siguen siendo el método de elección para lograr transformaciones. Si logramos esto… ¡las “leyes mordaza” nos pelan los dientes! 


Imagen principal tomada de El Diario.