Fotografía tomada del sitio http://www.vocesnuestras.org
Por: Edgar Rosales
Una constante en el país desde buena
parte del siglo pasado ha sido la ocurrencia de situaciones críticas,
especialmente en lo político, como resultado de históricas
discrepancias al interno de la sociedad y que se ha pretendido
resolver por diversas vías. El problema es que una vez aliviada la
fase de tensión, se cae en el conformismo y se deja de trabajar en
los mecanismos para erradicar las causas del conflicto observado. Se
superó la crisis, se suele decir.
En efecto, después de enfrentarse
estas situaciones complicadas, suelen haber consecuencias, unas veces
en lo jurídico, otras, en lo económico y, principalmente, en lo
político, aunque también suelen presentarse propuestas que incluyen
más de uno de estos aspectos, pero como decía, sin la posibilidad
de erigirse en mecanismos reales de solución.
Reacción popular. Las jornadas de Marzo y Abril del 62 definieron,
en varios sentidos, las condiciones de la historia política nacional de aquella década.
A vuelo de pájaro, entre las etapas
más críticas de nuestra historia reciente, podemos mencionar que
las Jornadas de Marzo y Abril de 1962 dieron lugar a una serie de
acciones que derivaron en el golpe militar encabezado por Peralta
Azurdia y a la vez, en el fortalecimiento del naciente movimiento armado de izquierda. Las crisis desatadas tras los fraudes electorales de 1974,
1978 y 1982 cerraron las posibilidades de participación democrática
y contribuyeron a fortalecer y hasta a legitimar al movimiento
insurgente. Las jornadas populares de octubre del 78, ocasionadas por
una de las tantas alzas arbitrarias en el transporte urbano, tuvo su
efecto más dramático en el asesinato de Oliverio Castañeda de
León.
Figuras del terror. Arana Osorio, Kjell Laugerud, Romeo Lucas y Aníbal Guevara protagonizaron la época más intensa de los gobiernos militares sanguinarios. A excepción del primero, todos fueron copartícipes de fraudes electorales o, como en el caso del último, de una frustrada burla a la voluntad popular.
El Serranazo de 1995 condujo a una exigencia de depuración del Congreso de la República -que una vez lograda, no contribuyó en nada a soluciones de fondo- y a una aberrante proceso de reforma constitucional, y en el siglo 21 se
puede afirmar que el Plan echado a andar tras la muerte del abogado
Rodrigo Rosemberg influyó en la definición del rol de la Cicig y a
la adopción de medidas jurídicas, como la reforma a las leyes de
postulación.
Sin embargo, nada de lo anterior
contribuyó a definir escenarios exentos de crisis. Al contrario, a
medida que transcurre la vida del país pareciera que estar en medio
de ellas es lo más lógico. Y aunque se han realizado esfuerzos,
lamentablemente la mayoría de estos no ha superado la fase de buenas
intenciones.
A partir de abril de 2015 Guatemala
entró en una nueva etapa crítica, sin duda una de las más
prolongadas que se recuerden. El destape de casos escandalosos de
corrupción terminó por delatar al extinto Partido Patriota como una
estructura mafiosa, que practicaba el latrocinio descarado y, de
paso, contribuyó a acentuar la generalizada imagen que asocia a
todos los políticos con actos delictivos (lo cual tampoco es
cierto).
Y como en ocasiones anteriores, se
buscan respuestas inmediatas, que no son necesariamente soluciones.
Lo que abundan son ideas fragmentadas, muchas de estas de corto plazo
y con espíritu sectorial. Sobre todo, en vez de las causas se cae en
esa costumbre, tan común entre la población, que consiste en
estimar que todos los problemas se resuelven por medio de leyes.
Así vemos cómo el debate político se
centra en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos,
lo cual es importante mas no es la panacea que todo mundo grita. Y es
que, una vez más, hay acuerdos en lo específico pero no en lo
general. Para el comité propartido Semilla, por ejemplo, una de sus
grandes preocupaciones es que las barreras para inscribir un partido
“son muy altas”. Es obvio que conseguir 23 mil firmas es una
dificultad mayúscula para ellos. Y no es así en la práctica, tal
como lo demuestran tantos partidos que han logrado inscribirse. ¿Y
qué dirían sus dirigentes si supieran que antes del proceso
democratizador de 1985 se requerían 50 mil firmas, con un máximo de
20 % de analfabetas entre los adherentes?
Para otros grupos lo esencial es el
clamor por los subdistritos (lo cual puede beneficiar a los partidos
tradicionales con mediana estructura organizativa). Pero el quid
de este asunto es que para lograrlo se requiere la reforma del
artículo 157 de la Carta Magna que reza: “La potestad legislativa
corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados
electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto,
por el sistema de distritos electorales y lista nacional”.
Punto. Pero en todo caso, con un TSE que un día dice que los
subdistritos son inconstitucionales pero una semana después afirma
lo contrario, es más que obvio que no vamos a ninguna parte.
Este tipo de “soluciones” acarrea
otros problemas de fondo: a cambio de estimular la participación se
va a sacrificar la representatividad y, con ella, la legitimidad de
quienes asuman puestos de poder. O sea: peor el remedio que la
enfermedad.
De nuevo, soluciones parciales. La demanda de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, difícilmente logrará los propósitos de transformar el sistema político. (Foto tomada de analistasindependientes.org).
Y tal y como he intentado demostrar en
dos artículos recientes publicados aquí, en gAZeta, acercade la derecha y la izquierda en mi país, resulta fácil colegir que
no es por esas vías de expresión política por donde vendrán las
soluciones. Sugiero leer el brillante artículo escrito en este mismo
espacio por el Dr. Luis Zurita, bajo el título De lo político y lo ético en la transformación democrática de Guatemala.
Dice Zurita: “Es posible que haya
llegado el momento en que haya que conciliar el interés particular
con el interés general, sobre la base de que el ser individual no
sea enemigo del ser social, ni el ser social sea enemigo del ser
individual, en cuyo sentido la sístole y la diástole de la vida
nacional sea la complementariedad entre competencia y cooperación”.
Y agrega: “El problema es que
resolver las falencias implica grandes acuerdos políticos y una
definición del horizonte hacia dónde queremos llevar el país. Pero
el país está confrontado por una guerra sorda en que reina el
sálvese el que pueda, por lo que es una irresponsabilidad para con
el futuro de nuestros hijos no actuar en correspondencia. El tiempo
pasa y el carro de la historia ha ido dejando a Guatemala en la
cuneta del olvido, salvo que, por fin y con toda responsabilidad, los
liderazgos nacionales acepten el reto de la historia… lo cual
implica: reconciliación nacional, democracia política, ética
empresarial, equilibrio entre ser humano y naturaleza y gobernar para
el bien común”.
Esto sí es trascendental y necesario.
Más efectivo que cualquier reforma meramente legal. Y con tan categóricos conceptos, huelgan más
comentarios.
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