VALIDEZ DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Por: Edgar Rosales

(Versión extendida, publicada originalmente en gAZeta)

En 2008 se declaró una crisis económica mundial, que entre julio y septiembre alcanzó su punto más dramático cuando el precio del petróleo llegó a US$ 148 por barril, mientras los combustibles alcanzaron precios jamás imaginados de Q37 por galón. Probablemente muchos ya olvidaron que en Guatemala ese problema impactó severamente en la economía familiar, especialmente de la clase media, y que entre los sectores de menores ingresos se empezó a vislumbrar un panorama apremiante.

Crisis Económica. Probablemente muchos a estas alturas  han olvidado el alza en los combustibles que se registró en 2008, a causa de la debacle económica que se inició en ese año. Esta gráfica nos lo recuerda.

Como una salida emergente, el gobierno que recién se había instalado contempló medidas de apoyo a la población de menores recursos, no solo para enfrentar la crisis inminente, sino con la mira de ir construyendo una política pública encargada de buscar soluciones en el mediano y largo plazo a los problemas de la pobreza. Este, y no otro, es el verdadero origen de programas como Mi Familia Progresa (Transferencias Monetarias Condicionadas a cambio de que las familias más pobres enviaran a sus hijos menores a controles en educación y salud, y Bolsa Solidaria, una ayuda mensual en alimentos básicos).

Tales programas empezaron a generar importantes frutos: cobertura casi universal (98 %) en educación primaria, reducción dramática de la tasa de mortalidad materno infantil (tan dramática como el hecho de que en Sololá no se presentara un solo caso en 2010 y en Suchitepéquez bajara 6 veces en cuatro años), o la disminución de 1.89 % en la extrema pobreza, según la Encovi 2011. Hubo otros programas de cuyos logros casi no se habla, tal el caso de Escuelas Abiertas, iniciativa que le abrió oportunidades al talento y capacidades de unos 230 mil niños y adolescentes residentes en áreas socialmente conflictivas.

    
   OPORTUNIDAD PERDIDA. Escuelas Abiertas, un programa donde la niñez y juventud disfrutaba al descubrir o poner en práctica sus talentos, a la vez que los alejaba de peligros.

Sin embargo, es lamentable que casi 10 años después se desconoce radicalmente el espíritu, modus operandi y alcances de estos programas (o se pretende desconocer, con tal de posicionar una agenda mediática de rechazo a la inversión social). Por ejemplo, el pasado 16 de los corrientes, el matutino elPeriódico publicó un editorial titulado “Fracaso de los programas sociales”, descalificándolos con base en una nota de Prensa Libre acerca del monitoreo fiscal 2016 del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual señala que dicha propuesta no ha contribuido, en ocho años, a reducir la pobreza en Guatemala.

Esto representa una verdad a medias, porque uno y otro asumen que durante el lapso citado tales programas han funcionado como una política pública, es decir, bajo criterios de continuidad, objetivos definidos, resultados medibles y siguiendo el concepto que permitió alcanzar los resultados de su primera etapa. Tal idea es un error metodológico porque los programas sociales se distorsionaron a partir de la instauración del gobierno del Partido Patriota, cuando se eliminaron los controles de asistencia a la escuela y a los centros de salud, convirtiéndolos en lo que tanto criticaron: un programa que regalaba a cambio de nada.

Y durante el régimen de Jimmy Morales el abandono ha continuado. Las autoridades del Mides perdieron el rumbo y es imposible saber cuáles son los resultados que a estas alturas esperan obtener. Es decir, los hicieron objeto de despilfarro, opacidad y, muy probablemente, corrupción. De paso, se derrumbó el mito de la institucionalización, porque esta no bastó por sí sola para dar resultados positivos, tal como lo expliqué hace unos meses en este blog.

INSTITUCIONALIDAD FALAZ. Desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social, la escasa capacidad de ejecución y el abandono de los programas sociales son sus grandes aportes.

En lugar de denunciar la atrocidad en que se convirtió lo que empezó a ser la única política de inversión social en 60 años, elPeriódico censura el esfuerzo, culpando por la falta de resultados a la iniciativa original, con lo cual exculpa tácitamente las barbaridades de los gobiernos del PP y FCN.

Durante años he esperado algún comentario que realice un análisis de los programas sociales al margen de las descalificaciones políticas de siempre y centrado en los elementos técnicos, pero lo único que se escribe son barbaridades como las de elPeriódico. Las únicas excepciones alcanzan tres dedos de la mano: Miguel Gutiérrez (exsuperintendente de la SAT), Bienvenido Argueta (fundador de Escuelas Abiertas) y Virgilio Álvarez (exdirector de Flacso).

Ningún columnista o analista, por mucho que se las pique de objetivo, ha siquiera mencionado el método Proxy recomendado por el Banco Mundial para el proceso de selección de beneficiarios. Tampoco le explican que el Instituto Nacional de Salud Pública de México desarrolló uno de los estudios más serios acerca del programa Mi Familia Progresa en la época en que estuvo vigente. Y menos, le van a mencionar la buena opinión que este programa le mereció al Banco Interamericano de Desarrollo, según su informe de Evaluación Externa de Mifapro.

Tampoco puede usted esperar que alguno de estos profesionales le relate que el Banco Mundial y la Universidad Rafael Landívar presentaron otro estudio que confirma los buenos resultados que se iban logrando hasta el año 2010. Y menos aún, contarle que en los municipios a donde llegó el programa de transferencias monetarias condicionadas fue donde la USAID encontró mejores índices de avance educativo.    

El argumento más frecuente es que se trataba tan solo de proyectos clientelares. No obstante, ya Juan Carlos Monzón se encargó de informar que durantela campaña electoral del PP en 2011, permearon a los beneficiarios sin obstáculos. Y lo dicen los resultados electorales de ese año, cuando los naranjas ganaron en departamentos cubiertos por Mi Familia Progresa. Verdades que nadie menciona.

En todo caso, no se trata de presentar a estos programas como la panacea en la lucha contra la pobreza. Derrotar a este flagelo requiere de estas y otras estrategias, lo cual incluye mejor régimen salarial en la iniciativa privada. Pero tampoco se les puede desechar y menos con los argumentos politiqueros de siempre. El grave problema es que en la población logró posicionarse el ataque dirigido por Dionisio Gutiérrez, cuyos alfiles eran las congresistas Nineth Montenegro y Roxana Baldetti -quienes nunca pudieron demostrar anomalías y menos, corrupción- y algunos medios de comunicación entregados cerrilmente al poder constituido, tal el caso de elPeriódico, entonces dirigido por Sylvia Gereda.

   MANCUERNA DAÑINA.  la alianza entre la diputada Nineth Montenegro y el empresario Dionicio Gutiérrez ha sido un proyecto terriblemente dañino para el progreso social.

Por ello no deja de ser indignante la manera cómo manipula los hechos el editorial de marras, y sobre todo al plantear un señalamiento que debe causar vergüenza al autor: “Increíble, pero cierto. En otros países, como México y Brasil, los programas sociales impactaron positivamente en la reducción de la pobreza y la miseria, en tanto que en Guatemala no”.

Tan cínica posición, sin embargo, tiene una explicación clarísima: porque en ningún país de Latinoamérica existe una oligarquía más retrógada y enemiga del progreso social, ni unos medios de comunicación tan serviles como en Guatemala. Cabría, al margen de los ataques, plantearse una reflexión: si en cuatro años se lograron avances, ¿cuánto más habría mejorado el panorama social con una década de acciones continuas?