¿Y AHORA QUÉ HACEMOS CON LA COYUNTURA? (Versión extendida y actualizada)

Por: Edgar Rosales

De vuelta a la plaza. La deplorable acción del diputado Orlando Blanco y sus 106 colegas, además de poner fin a su carrera política, logró que la gente se hiciera presente de nuevo en "La Plaza", como en 2015.

Esta columna se publicó originalmente en la revista gAZeta, pero debido a los tiempos establecidos para su envío a Edición, fue escrita el martes 13 de los corrientes, es decir, un día antes de que una vergonzante y politiquera alianza se confabulara para emitir un Decreto que ha causado indignación en todos los sectores sociales del país, y asombro o rechazo en las esferas internacionales. En todo caso, el fondo del tema abordado, es decir, cómo afrontar una coyuntura (que se ha vuelto crisis aguda) continúa siendo el mismo: analizar con seriedad y dialogar en busca de salidas viables, por encima de las intenciones emotivas o las visiones enfrentadas.

Estoy convencido que abordar ciertos temas en una sociedad polarizada (aunque Guatemala siempre lo ha estado, no nos hagamos) resulta sumamente difícil y a menudo los puntos de vista expresados a contracorriente son descalificados de tajo. Pese a ello, y haciendo caso omiso a esas visiones maniqueas, considero importante plantear algunas reflexiones en relación con lo ocurrido durante esta semana en el Congreso de la República de Guatemala, cuando el pleno acordó no darle trámite a la solicitud de antejuicio presentada por el MP y CICIG contra el presidente Jimmy Morales, señalado por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Me parece que calificar la decisión como pacto de impunidad es una generalización respetable, aunque injusta, porque no todos los sectores ahí representados son copartícipes de la misma. Por ejemplo, estoy enterado que el voto fragmentado de la UNE fue una maniobra del diputado y ex secretario general Orlando Blanco, con el fin de negociar un eventual enjuiciamiento. Esto se evidenció de forma descarada, apenas dos días después, cuando fue el principal ponente de la artimaña con la cual buscaba autoeximirse de responsabilidades, al igual que personajes de triste trayectoria como Roberto Villate, ex Secretario General de Líder.

Torpe maniobra. Orlando Blanco, diputado de la UNE y Roberto Villate pretendían impedir que fueran llevados ante la justicia.

Luego, recordemos que el trabajo de la Comisión Pesquisidora no contribuyó mucho a desbrozar el terreno. Con ese galimatías de “sí pero no”, era difícil tomar una decisión sustentada en su informe, aunque este no fuese vinculante. Pero al mismo tiempo, es importante empezar a construir una cultura de respeto a las decisiones de los entes legítimamente constituidos. ¿Que el Congreso es ilegítimo, espurio y poco confiable? ¡Sin duda! Pero la ley lo faculta para tomar este tipo de decisiones, sean de nuestro agrado o no. Y si no vamos a aceptar esas decisiones, entonces no tiene caso que se contemplen en el ordenamiento legal.

Por otra parte y aunque nadie lo ha expresado, hay un elemento fundamental que no puede pasar inadvertido: la CICIG se excedió en su mandato porque este no le concede facultades en materia electoral y no le corresponde dirigir una investigación por el caso que involucra al presidente o al de la UNE, los cuales son distintos, en esencia, de Cooptación del Estado, donde sí aparecen involucradas estructuras paralelas (Por favor, revise aquí dichodocumento). Y aclaro: aplaudo el trabajo de CICIG mas no avalo (por razones muy distintas de las que esgrimen la Fundación Terrorista y adláteres) ciertos excesos en que ha incurrido la Comisión y que tarde o temprano se deben poner sobre la mesa, aún a riesgo de ser uno señalado de “defender la corrupción y la impunidad”.

Lamentablemente para el mandatario, en pocas horas se gestó una nueva coyuntura (¿o una etapa más profunda de la crisis?) cuando 107 diputados forjaron una alianza legislativa sin precedentes, que pretendió darle un giro de 180 grados a los delitos de financiamiento electoral ilícito, pero cuya finalidad inmediata y más que evidente era exculpar a varios políticos implicados en casos relacionados con dicha figura, vale decir, el propio presidente Jimmy Morales, entre otros.

Como era de esperar, las redes sociales y algunos medios alternativos que confunden el activismo con la ética periodística (defiendo el derecho sagrado del lector de ser informado sin presiones ni sesgos, como dicta la doctrina) no tardaron en cuestionar y descalificar y por supuesto, desinformar en algunas ocasiones lo ocurrido en esta triste semana. Decididamente y de manera muy torpe, Blanco y el resto de congresistas lograron que una crisis “más o menos manejable” se convirtiera en un estímulo para que la gente tomara las calles de nuevo.

Repudio. El descontento acumulado hacia la gestión legislativa contribuyó a que la población volcara su rechazo a las recientes acciones pro impunidad. Lamentablemente, los hechos violentos no se han hecho esperar. 

Para colmo, parece que la fama de las pocas luces que alumbran al presidente es mucho más que un chiste. Ha trascendido que insistirá en solicitar el retiro del comisionado Iván Velásquez ante la ONU, en cuyo caso este organismo no tendrá más remedio que aceptar la petición. Ya no se trata sólo de la Convención de Viena o el Acuerdo entre Guatemala y el ente mundial por medio del cual se le da vida a la Cicig. Se trata de que la ONU no puede desoír una solicitud de este tipo de parte de un Estado. No se trata de un diplomático, es cierto. Se trata de un funcionario de Naciones Unidas y, según me cuentan, ya se ha tomado la decisión de retirarlo de Guatemala.

El tema, ahora, es cuestionarnos:

1o. ¿Si el presidente hubiese sido enjuiciado, en qué condiciones se encontraría hoy el país? En lugar de desactivar la crisis, es posible que esta se habría extendido de manera muy peligrosa, a causa de las reacciones que esto habría ocurrido en los casos de la gente de Fundaterror y demás banderizos.

2o. Para avanzar en la lucha contra la corrupción los entes investigadores están super obligados a actuar de manera impecable e incuestionable, o de lo contrario solo fomentan los mismos vicios del sistema de justicia que pretenden combatir y

3o. ¿Cómo hacemos para superar la coyuntura y entrarle a los temas de fondo? Despidiendo a Morales y exigiendo la renuncia de los diputados actuales no parece tener mucha viabilidad, debido a que en el primer caso asume el vicepresidente Jafeth Cabrera y en el segundo, no existe un mecanismo legal para depurar el legislativo.

Coincido con muchas opiniones que el presidente Jimmy Morales simple y sencillamente jamás debió llegar a ocupar tan alto cargo. No estaba preparado, carecía (y carece) de una visión de Estado y de un Plan de Gobierno. Pero todo eso se sabía y aún así fue elegido por más de 2 millones de incautos (?), siendo ahora muchos más los que exigen su salida. Aún así, parecía preferible dejar que continúe en el cargo a que el páis sufra un nuevo retroceso en materia de institucionalización y ejercicio democrático. Ahora ya no estoy tan seguro.

Increíble. Los mismos que lo llevaron a la Presidencia, menos de dos años después exigen que se vaya. 

¿Hasta dónde llegará la coyuntura cuando se conozca que Iván Velásquez finalmente fue destituido? Sin duda producirá una nueva crisis, quizá más aguda, en la cual las protestas servirán como marco para las grandes decisiones que habrán de venir, tal como aconteció en 2015 cuando el panorama fue definido por la embajada de Estados Unidos y las élites tradicionales.

Lo importante ahora es ver hacia adelante. Buscar la forma de superar la coyuntura de una vez por todas, debido a que el derecho de pataleo desde las redes sociales -o aún en las calles -tiene una función efímera (aunque en esta ocasión, es de lamentar los hechos violentos que se han producido en pocas horas; lo cual difiere radicalmente de "La Plaza" del 2015). 

En lugar de solamente desahogar la ira, hoy más que nunca hay que sentarse, dialogar y construir. El dilema sigue siendo: Algunos proponen una nueva Asamblea Constituyente, otros, la mayoría, que renuncien el presidente y se depure el Congreso. La disyuntiva es: ¿Podemos hacerlo dentro del marco constitucional o tendremos que acudir a un rompimiento del mismo? Y más  importante aún ¿Tenemos los líderes visionarios para emprender un proceso realmente transformador; que no se quede en la simple exigencia de reformas jurídicas sino institucionales y sociales de fondo, como las que necesita Guatemala?

Por nuestro bien y el de las futuras generaciones, espero sinceramente que sí.