HACIA UN GOBIERNO DE JUECES

Por: Édgar Rosales

No importa cual sea la naturaleza del problema. Da igual si se trata de la tarifa del servicio eléctrico, de un ministro que se porta mal, de un oficio ofensivo o del rechazo a la inscripción de su perro en un concurso de mascotas. Para todo eso existe la Corte de Constitucionalidad, órgano estatal dotado de la capacidad de resolver (aunque a veces ello signifique complicar) situaciones como las antes enunciadas. Con toda justicia se le identifica por sus siglas: CC (Corte Celestial).

Sin embargo, la CC es solo el eslabón más alto de un peculiar sistema jurídico que se ha ido construyendo en el país, y el cual se caracteriza por la integración de un régimen que somete a su voluntad a los demás organismos del Estado. Las otras partes de la cadena están constituidas por el Ministerio Público (MP) y un ente ajeno a la estructura jurídico-política tradicional: la Cicig.

De esa manera se ha configurado una versión criolla de lo que el francés Édouard Lambert denunció en su libro “El Gobierno de los Jueces" y en el cual critica el otorgamiento a las cortes de un poder legislativo con dimensiones aún superiores a las del Parlamento. Esto se ha traducido en la instauración de un suprapoder que subordina al Congreso y al Ejecutivo, y que llega al extremo de decidir hasta en la emisión de simples notas administrativas. Es decir:intromisión en asuntos políticos de parte de quienes solo están designados para administrar justicia. La politización de la justicia, pues.

                                         

En realidad la CC viene actuando dentro de esa lógica desde hace varios años, pero es obvio que su poder se apuntala y logra más protagonismo desde que Cicig y MP empezaron a perseguir la corrupción, en abril de 2015. Los motivos de esta alineación en alguna medida son espurios -porque más de algún magistrado busca evitar que la persecución lo alcance ante posibles ilícitos cometidos-, y por ello es que en los últimos tiempos hemos visto acciones perfectamente coordinadas (incluso con la otrora rebelde y autónoma Corte Suprema de Justicia) a la hora de someterse a su consideración ciertas acciones de tipo penal. O que aparentan ser penales, en algunos casos.

Por supuesto, no se defienden las actitudes erráticas del presidente Jimmy Morales que han ameritado la intervención de la CC, o las de algunos de sus anodinos ministros al tergiversar el objeto de algunas medidas de tipo administrativo. El cuestionamiento es mucho más profundo, porque se trastocó la esencia de la administración de justicia al convertirla en perseguidora, no de los políticos delincuentes, sino de la política y los políticos. La judicialización de la política, pues.

Veamos. Un asunto es la lucha contra la corrupción que han emprendido la Cicig y el MP. En algunos aspectos esta dupla ha tenido éxitos y en eso no hay mayor discusión, pero esa lucha tampoco ha sido transparente e incuestionable. El hecho de acusar por los medios de comunicación sin haber presentado evidencias ante una judicatura o, incluso, de capturar a los presuntos responsables sin haber sido citados previamente por tribunal competente, son apenas dos de las manchas que ponen en entredicho los propósitos de ese gobierno de jueces en que se transformó nuestro Estado democrático y republicano.

Otro caso es la figura del colaborador eficaz. Esta fue muy efectiva cuando se trató de Juan Carlos Monzón y Eduardo González (Eco), porque ambos pertenecían al núcleo de la estructura mafiosa y desde el principio aportaron pruebas que respaldaron las hipótesis preliminares presentadas por Cicig y MP. 

Pero ello no ocurre en casos como el de José Liu Yon, exgerente del Bantrab -quien padece cáncer en fase terminal- o el de Alejandra Reyes, exesposa del reo Byron Lima, porque resultan ser solo testigos periféricos, cuyas declaraciones de ninguna manera revelan la existencia de alguna “estructura” ni aportan pruebas concluyentes.

Así las cosas, ¿quién asegura que un colaborador eficaz, con el afán de escapar a la justicia, acceda a presentar una versión “sugerida” por un fiscal? ¿Quién garantiza que, tal como se especula, ciertos casos de tipo político están determinados por la urgencia de Thelma Aldana de dejarlos encaminados, a fin de despejar su camino hacia la Presidencia, como parece ser su objetivo?

Lo que otorga fuerza a esta última hipótesis está vinculado con las denuncias de supuesto financiamiento electoral ilícito contra partidos políticos. En primer lugar, dicha figura es un delito de acción pública, cuya persecución compete única y exclusivamente al MP. Lo entendamos o no, aquí la Cicig se excedió de su mandato. Y en el caso de la UNE no cabe la aplicación de tal figura delictiva porque, antes bien, cumple con los requisitos que la exoneran: el aporte fue declarado ante el Tribunal Supremo Electoral, se conoce el nombre de los financistas, el origen de los fondos y su procedencia lícita.

Lamentablemente, estos razonamientos son imposibles de debatir en una sociedad dividida donde los jueces han definido que es “bueno” todo aquel que los respalde, sin chistar, en esta lucha contra la corrupción y se coloca en el bando de los “rudos” todo aquel que los objete.

Esa actitud es comprensible, debido a que en los últimos años se acentuó la crisis de confianza hacia los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de un evidente debilitamiento de la credibilidad en los partidos políticos, por lo que el ciudadano de a pie siente que la respuesta a sus demandas se encuentra en los entes investigadores, a quienes aplaude por perseguir a quienes considera que le fallaron.

Pero contribuir a la debacle de lo que está mal tampoco es solución. La gorda obligación del MP y Cicig debe ser la persecución del culpable y procurar la exculpación del inocente. A la población nos toca redefinir nuestro sistema político.

Temas puramente políticos, como el transfuguismo, la calidad de candidatos o la reelección, son procesos de formación interna, en los cuales nada tiene que ver un gobierno de jueces.