Está por culminar un año más, y al evaluar algunos acontecimientos que más tarde serán parte de la historia política de este país, uno encuentra demasiadas razones para el desconsuelo y muy pocas para el optimismo.
Una de las causas de este escenario radica en la conducta manifestada por el Congreso de la República. Son abrumadores los criterios descalificadores hacia una institución que ha ganado fama copa a copa -como aquel popular licor- arrastrando su imagen en caída libre. Claro, es injusto generalizar. Es posible que, así como aquel ángel esperaba hallar 10 justos en Sodoma y Gomorra, también los haya en el palacio de la 9a. avenida. Lamentablemente, el simplismo de nuestra prensa mediocre ha contribuido a generalizar la idea de que “diputado” es sinónimo de lo oscuro, corrupto, anodino y mañoso.
Ante todo, el 2017 pasará a la historia porque en el Legislativo se vino al suelo mucho de lo avanzado en materia de transparencia. Óscar Chinchilla, el gris presidente de turno, llegó con la consigna de desarmar la ruta trazada por Mario Taracena en dicha materia y actuar como servidor incondicional de intereses de grupos muy, muy oscuros. Por ello, las reformas constitucionales se congelaron y solo queda pensar que están condenadas a la sepultura definitiva.
Luego, en septiembre ocurrió el más deleznable acto de la historia legislativa, cuando 112 diputados de todas las bancadas se alinearon para aprobar una vergonzosa reforma al Código Penal, cuya gracia consistía en exonerar los delitos cometidos por criminales de toda laya, incluyendo -entre otro montón- a los exmandatarios conocidos como jefes 1 y 2 de la mafiosa red conocida como La Línea. A partir de ese acto demencial, la población perdió toda confianza en los congresistas y recobrarla no es algo que se logre con meras declaraciones de buena intención o tardías aceptaciones de exigencias populares.
Esa nefasta acción vino a confirmar el pernicioso alineamiento existente entre Gobierno central y Organismo Legislativo; hecho que deterioró la calidad misma de este último, al renunciar de hecho a su rol en el equilibrio de poderes y, a cambio, prestarse a jugar el abyecto papel de salvavidas del jefe del Ejecutivo, al menos en dos vergonzosas ocasiones.
Y pese a que el cómico metido a presidente quiso lucir como un gran componedor político cuando amarró el presupuesto 2018 con la elección de la Junta Directiva del Congreso, al final se quedó sin nada en dos platos. Y todo porque ninguno de sus operadores reúne condiciones de idoneidad, liderazgo, cintura política de primera y de la necesaria “sangre dulce” para ser vistos sin recelo.
El hecho que se mantenga el mismo presupuesto del 2017 es una buena noticia. En un gobierno donde el propio mandamás admite que sus funcionarios tienen temor de ejecutar recursos, lo cual se confirma con la magra ejecución registrada, era impensable extenderle un nuevo cheque en blanco. Se sacrifican inversiones programadas (aunque inciertas), pero se reduce el riesgo de más endeudamiento público que, con suerte, iba a terminar cubriendo gastos de funcionamiento.
Otra buena noticia es que se cierran importantes resquicios donde el oficialismo esperaba usar políticamente los recursos a su disposición, puesto que el próximo es un año preelectoral y, de paso, el último periodo del que dispone Jimmy Morales para justificar su llegada a la Presidencia. El presupuesto 2018, así como fue presentado, era un ahora o nunca para FCN-Nación… y, gracias a Dios, fue un nunca.
Pero los problemas para el oficialismo no quedan en ello. El 2018 también es la última oportunidad que tienen varios de sus diputados -los importados de PP y Líder- para afianzar posiciones dentro del partido que les abrió las puertas. Casi seguro, entonces, que veremos a Estuardo Galdámez, Patricia Sandoval y Manuel Giordano siguiendo a Javier Hernández en los primeros puestos del Listado Nacional.
Y si no logran su propósito, FCN-Nación deberá prepararse para sufrir el rompimiento paulatino con el Ejecutivo y una monumental desbandada de sus congresistas, sabiendo que esos oportunistas que engrosaron sus filas en 2016, no tendrán el menor empacho en subirse al barco que esté dispuesto a tolerarles abordo, con todo y su costal de mañas.
Pero el peor legado del Congreso será la imposibilidad de que las reformas a la LEPP puedan operarse en las elecciones de 2019. No todo, que conste, es culpa de “los diputados” como afirman algunos observadores. Mucho tendrá que ver el compromiso que la Corte de Constitucionalidad (CC) pueda asumir hacia este tema.
¿Por qué? Como sabemos, la LEPP tiene rango constitucional. No se puede, por tanto, aprobar el Decreto como cualquier otra normativa y al día siguiente cobrar vigencia. Es indispensable (porque así lo manda la Carta Magna) que antes vaya a consulta ante tan augustos magistrados, para que emitan su opinión final y, entonces sí, pueda conocerlo el pleno y aprobarlas.
Sin embargo, cuando se emitieron las reformas de 2016, la CC se tardó la friolera de ocho meses para el dictamen. En un escenario optimista, se resuelven en seis meses máximo, significa que el Congreso las estaría conociendo alrededor de junio del año entrante. Además, la Corte tendría que dictaminar acerca de los distritos pequeños, tema que debe ser objeto de una reforma constitucional por parte del Legislativo, pero la decisión final se depositaría en una Consulta Popular, a convocarse quién sabe cuándo.
Todo lo anterior, bajo el entendido de que el 1 de enero de 2019 el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a elecciones, sí o sí, con las reglas vigentes para esa fecha. Con pequeños distritos o sin ellos. Con voto uninominal o sin este. Con paridad o sin ella. La pregunta es: ¿tienen probabilidades reales los partidos que aún no terminan su proceso de inscripción? ¿Y los ciudadanos que desean postularse independientemente?
Por estas, y muchas otras razones, el Congreso y el Gobierno harán que el 2018 sea difícil, complicado, cimarrón y cuesta arriba. ¿Está usted listo para transitarlo? Sería bueno empezar a prepararse. 
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